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¿Una nueva revolución en infraestructura en Colombia?

*Esta columna fue originalmente publicada en la Revista Virtual Consorcio Ciudadano. El link original esta aquí http://consorciociudadano.org/una-nueva-revolucion-en-infraestructura/

Hay una conclusión generalizada sobre las elecciones que acaban de terminar: Colombia votó de forma mayoritaria por el cemento. A pesar de las apremiantes necesidades en materia social, en un país desigual, violento, pobre e informal, en las principales ciudades de Colombia los ganadores fueron aquellos comprometidos con la provisión de bienes públicos que mejoren la competitividad regional, y sobre todo, entreguen obras visibles para la ciudadanía.

Y por más que genere algo de repudio hablar de obras públicas como cemento, estas obras son realmente necesarias en un país rezagado en infraestructura y que al tiempo se lanza sin vacilo al comercio internacional, para ser competitivo, para atraer inversión extranjera, y particularmente para que los colombianos que desean participar del mercado nacional e internacional, no pierdan de entrada sus posibilidades de competir por los altos costos asociados a tal rezago; desde mover legumbres en municipios alejados a las plazas principales, hasta los emprendimientos tecnológicos que requieren de energía y conexión a Internet sólidos para funcionar.

En tal necesidad, el final de las elecciones mostró como gran ganador a Cambio Radical, disidencia del partido liberal ahora dirigida por el vicepresidente Germán Vargas Lleras quien tras su exitoso paso como senador de la mano dura, uribista pura-sangre y luego candidato presidencial anti-reeleccionista, ahora en el gobierno de Santos transformó su imagen como candidato de la mano dura, a la del vicepresidente constructor, que edifica y concesiona casas, puentes, aeropuertos, túneles y carreteras sin final. El mismo que, antes del 25 de octubre, esparcía su influencia sobre los ministerios de vivienda, de transporte y de minas, y ahora lo hace con Bogotá, Barranquilla y Cali, y muchos municipios y departamentos más.

En las manos del vicepresidente radica el abrumador poder de darle viabilidad a la locomotora de la infraestructura, que bajo los recientes anuncios de inversiones hasta por 70 billones de pesos, pareciera manifestar la tan prometida (y nunca cumplida) promesa de una revolución en la infraestructura que priorice las necesidades de la nación, sobre las necesidades de las élites regionales que han priorizado proyectos locales, sin mayor incidencia para el desarrollo económico, y con demasiada corrupción de por medio.

Pero tal revolución, trae consigo una preocupación que puede moldear el futuro de esa nación que clama popularmente obras e infraestructura: la inherente corrupción.

En Colombia, la preocupación por la corrupción ha sido expresada temerosamente por empresarios como un inamovible en las negociaciones con el Estado, y como una vergonzosa manifestación mediática en los escándalos del carrusel de la contratación, de la mermelada electoral de los aliados del gobierno, en los casos de Dragacol e Invias, y en los atrasos en obras vitales como el aeropuerto El Dorado y el túnel de la Línea, con contratistas más interesados en demandar a la nación que en realizar las obras concesionadas.

En esta nueva “revolución”, esa relación entre funcionarios públicos y concesionarios privados, que en ocasiones parece tremebunda, es la ley imperante para la ejecución de todos los proyectos contemplados. ¿Hay, en esta coyuntura, garantías de que tales alianzas no terminarán en los usuales desfalcos millonarios al erario público? Y además, ¿cómo garantizar que esos mismos concesionarios no terminen influenciando los ejercicios democráticos asegurando mediante sus fortunas “revolucionarias”, los futuros comicios electorales?

¿Es acaso la presidencia de German Vargas Lleras el precio que Colombia debe pagar para cumplir su promesa de una infraestructura competitiva?

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