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Narcos para la Victoria

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LA INFILTRACIÓN CASTRO-COMUNISTA POR MEDIO DEL NARCO-POPULISMO

Las generalizaciones siempre son injustas. Por eso no se pretende decir aquí que todos los kirchneristas sean narcos ni avalen la complicidad de su partido con el narcotráfico. Sin embargo, sobran las pruebas de que el Frente Para la Victoria (FPV), como estructura política, está fuertemente comprometido con los intereses de dicho negocio ilícito. Los recientes sucesos acaecidos a partir de la triple fuga de General Alvear no hacen más que corroborar esta realidad. La persecución de los fugados se muestra difícil pero está sirviendo para destapar una cruda complicidad institucional.

El partido que prepotentemente y sin pruebas pretendió catalogar como “narcosocialista” a un partido local de una ciudad estratégica para los narcos, como Rosario, es en realidad el gran responsable y promotor de la consolidación y el fuerte crecimiento del flagelo del narcotráfico en la última década en Argentina.

Si se tratara de un partido común y corriente o “moderado”, podríamos verlo como una víctima infiltrada por el enorme poder de corrupción del crimen organizado, pero la verdad es que hay una responsabilidad moral de todos los integrantes del FPV por su alto nivel de fanatismo, de incondicionalidad hacia su líder y de tolerancia hacia el autoritarismo y la corrupción. Las únicas y verdaderas víctimas somos los argentinos de a pie. Cuando se concede o se pretende conceder un poder ilimitado a un dirigente cualquiera, las consecuencias son impredecibles y la irresponsabilidad es manifiesta.

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La triple fuga y Aníbal como capo narco

Para situarnos en la significación de la triste y sorprendente película de acción y suspenso que en estos días los argentinos estamos viendo a través del noticiero, debemos ir un poco más atrás. Cabe recordar que a principios de agosto pasado el programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, emitió un informe en el que Martín Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez de 2008, vinculó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández con dicho suceso y con el tráfico de efedrina. “Quien dio la orden [de ejecutar la matanza] es Aníbal Fernández. (…). Forza fue un estorbo para el negocio vinculado con el precursor químico”, aseguró y confirmó luego ante la jueza federal María Servini de Cubría.

En palabras del periodista Christian Sanz: “¿Cómo puede explicar el ex jefe de gabinete que un celular a su nombre ostente más de 600 llamados al teléfono de Lanatta? (…). En juicio (…) se demostró que Pérez Corradi fue el ideólogo del asesinato de Forza, Ferrón y Bina. Todo a pedido de ‘la Morsa’, obvia referencia al jefe de gabinete y sus bigotes. La mención no es nueva, como intentan hacer creer en estos días. (…). El propio Forza me dijo, en mayo de 2008, que tenía miedo de que lo matara Aníbal porque se había metido en un negocio que era de éste.”

Pérez Corradi, prófugo de la Justicia argentina, tiene vinculaciones tanto con Lanatta como con Aníbal Fernández. De nuevo según Christian Sanz: “Martín Lanatta (…) aparece en una sociedad con Corradi, a quien la embajada de Estados Unidos sindica como el nexo entre narcos mexicanos y laboratorios medicinales argentinos. Todo cierra. (…). ¿Negará Aníbal su relación con Pérez Corradi, su financista a la hora de traficar efedrina? Es imposible. Las comunicaciones entre ambos se cuentan por docenas y docenas.” De manera tal que si Aníbal Fernández está vinculado con Lanatta y Corradi, quiere decir que tiene un doble vínculo con el triple crimen de 2008 y un nexo directo con los cárteles mexicanos.

Los tres fugados de General Alvear, que cumplían una condena a cadena perpetua, tienen su “zona de influencia” en el Sur del conurbano bonaerense y, específicamente, en el municipio de Quilmes, casualmente feudo político de Aníbal Fernández. Los hermanos Lanatta siempre fueron fuerza de choque de Aníbal. Comenzaron en los 90 cuando éste era intendente e hicieron muchos trabajos sucios para él.

Es perfectamente factible que el ex jefe de gabinete esté detrás de la triple fuga, ya que lo favorece en un doble sentido. Por un lado, deja mal parados a los nuevos gobiernos de la nación y de la provincia de Buenos Aires, que son sus adversarios políticos y, bien o mal, parecen estar enfrentando al narcotráfico. Por otro, impide que Lanatta siga atestiguando frente a Servini de Cubría, jueza que se había prestado a investigar las responsabilidades políticas del triple crimen.

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Ya en 1994, como intendente de Quilmes, Aníbal Fernández fue acusado de cooperar con el tráfico de drogas y, según diversas fuentes, tuvo que escapar en el baúl de un auto para eludir una orden de captura. En septiembre de 2004 se descubrieron sesenta kilos de cocaína escondidos en cuatro valijas de la empresa Southern Winds que partieron del aeropuerto de Ezeiza hacia España. Una investigación del ya citado Christian Sanz reveló que ese mismo día, cuando el hecho todavía no se había divulgado y para sorpresa de las autoridades españolas, un funcionario cercano a Aníbal Fernández se comunicó con España a efectos de interiorizarse sobre el recién iniciado expediente. El ex jefe de gabinete sólo se animó a denunciar el envío de las valijas, hecho del cual tuvo conocimiento ni bien sucedió, después de que el escándalo trascendiera a los medios.

Hay que decir que un dirigente de la calaña de Aníbal Fernández nunca fue expulsado del peronismo ni del FPV. Por el contrario, Cristina Fernández lo ascendió y le asignó responsabilidades y recursos cada vez mayores, permitiendo que operara desde las más altas esferas a favor de los intereses narcos. Y es gracias a eso que a partir de 2005 se produce un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en Argentina, que si no es visualizado no se puede comprender todo lo posterior. Pero primero, para contextualizar, es preciso hacer un breve análisis internacional.

Marxismo, narcotráfico y populismo

Cuando se desplomó la URSS en 1991, el régimen totalitario y deficitario de Cuba y demás agentes políticos del marxismo se quedaron sin el apoyo logístico y financiero del gran imperio autocrático. No es casual que, por ejemplo, una guerrilla como las FARC de Colombia se hayan imbricado a tal punto con el narcotráfico que hoy en día son más conocidas como una guerrilla “narco” que como una “marxista”. Necesitaban generar nuevos ingresos ante la pérdida de su gran socio internacional y, como toda ideología autoritaria, el marxismo predicaba no escatimar ningún medio ni hacer ninguna consideración moral al efecto de sostener el proyecto.

En este marco deben entenderse las serias acusaciones que hay contra el homicida Fidel Castro y su régimen por asociarse con el narcotráfico, sirviéndole de refugio y apoyo logístico. Son numerosos los testimonios de ex narcotraficantes detenidos y de desertores del régimen castrista que confirman esta hipótesis, al igual que investigaciones oficiales, en especial de la DEA (agencia antidroga estadounidense) y el FBI.

Juan Reinaldo Sánchez, desertor y ex miembro de la escolta personal de Castro, publicó en sus memorias que fue adoctrinado por el régimen desde chico, y que Fidel era su ídolo pero una vez escuchó por accidente una conversación secreta en la que el dictador aceptaba proteger a un narcotraficante. La decepción fue tan grande que renunció sin dar explicaciones, lo cual le valió años de prisión y tortura. Según su relato, el dictador mandó a fusilar a un ministro porque temía que el narcotráfico manchara a su gobierno. Afirma que con el dinero ilícito el autócrata “subvenciona movimientos de izquierdas en América Latina” y “engorda sus cuentas bancarias en Suiza”. Cuenta también que Fidel Castro vivía en el máximo lujo entre mansiones paradisíacas y yates privados, lo cual naturalmente le era ocultado al pueblo.

En igual sentido, El gran engaño, libro del veterano periodista alemán-uruguayo José Antonio Friedl, concluye que al gobierno cubano le cabe el apelativo de “Cártel de La Habana”, y agrega que “nada tiene que envidiarle a otros cárteles de la droga”. Friedl recuerda que Fidel Castro se encuentra entre las personas más ricas del mundo de acuerdo con la revista Forbes, con un patrimonio estimado en U$S1.400 millones, y que ocupa el décimo lugar entre los 200 hombres más acaudalados de la Tierra.

Por último, cabe mencionar que en un libro titulado “El verdadero Pablo”, el ex narcotraficante colombiano John Jairo Velásquez, mano derecha del fallecido rey de la droga Pablo Escobar Gaviria, vinculó a los líderes cubanos Fidel y Raúl Castro con el tráfico de estupefacientes del cartel de Medellín, e incluso llegó a aseverar que el Nobel García Márquez había hecho en ocasiones de intermediario en las comunicaciones.

Todo esto no hace más que confirmar investigaciones de la DEA que concluyen que el tráfico de droga por Cuba es de tal magnitud, que es imposible que no se encuentre apañado y dirigido por un gobierno dictatorial que todo lo controla. Lo peor es que, cuando la DEA interceptó un gran cargamento de droga proveniente de Cuba y los detenidos confesaron desatando el escándalo, Fidel mandó a fusilar a un general, un coronel y varios colaboradores, a quienes él mismo habría encargado la operatoria, al efecto de desvincularse mediáticamente del asunto.

Cabe agregar que los vínculos del castrismo con el narcotráfico son anteriores a la caída de la URSS y, en todo caso, ese hecho no hizo más que aumentar la dependencia del régimen cubano para con la delincuencia organizada como fuente de financiamiento. En los archivos del FBI existe ya desde 1958 documentación según la cual desde La Habana se articulaba por entonces una primitiva red de narcotráfico que fue llamada Medellín-Habana-Connection. Un año más tarde, en 1959, con la orientación del propio FBI, las autoridades colombianas encontraron en El Poblado, cerca de Medellín, un laboratorio apropiado para procesar morfina, heroína y cocaína.

Es muy probable que el régimen castrista y el marxismo hayan estado en el origen mismo del flagelo del narcotráfico en Latinoamérica. No sería de extrañar que así fuera. Pues el narcotráfico destruye las instituciones, debilita a la sociedad civil y concentra en quien le presta cobertura política una enormidad casi ilimitada de recursos, todo lo cual no hace más que facilitar la implementación de un régimen autoritario.

En fin, la maquinaria militar, política, propagandística e ideológica marxista de Cuba, ante la pérdida de su gran socio foráneo, la URSS, intensificó un know-how narco-criminal muy aceitado que fue capaz de diseminar y transferir a sus socios y títeres políticos por toda la región.

A esto se suma el reemplazo del terrorismo por el populismo como estrategia de adquisición de poder, lo cual no hizo más que incrementar las fuertes necesidades de recursos que el marxismo latinoamericano ya tenía. Esta decisión táctica, según diversos testimonios, habría sido tomada por el mismísimo Fidel, cuando expresó en una reunión secreta que a partir de entonces la expansión de la revolución por Latinoamérica no se haría ya por la boca del fusil sino por medio de “la pavada de la democracia”.

La combinación de estas dos tendencias paralelas (intensificación de la asociación con el narcotráfico tras la caída de la URSS más intento de diseminar la revolución marxista por medio de la cooptación y promoción de líderes populistas adictos), dio origen a un modus operandi estandarizado para instaurar dictaduras afines que bien podríamos denominar “narco-populismo”.

No es casual que, luego de su fallida intentona golpista de 1992 y tras ser injustamente indultado, Chávez visitara La Habana en 1994 y fuese recibido con bombos y platillos por el régimen castrista, ni que, una vez en el poder, igual que los Kirchner en Argentina, favoreciera sistemáticamente el crecimiento del narcotráfico en Venezuela (investigaciones y testimonios diversos han llegado a hablar de un verdadero “narcotráfico de Estado” en el país bolivariano) y tejiera una alianza política explícita nada menos que con la narco-guerrilla de las FARC. Tampoco es casualidad que en el actual proceso de paz colombiano las FARC sólo hayan aceptado como lugar seguro de encuentro el territorio cubano.

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El FPV como ejecutor local del narco-populismo marxista

Recordemos que el FPV ganó las elecciones presidenciales argentinas de 2003 con apenas el 22% y gracias al apoyo de Duhalde. Casi sin capital político propio y sin mayoría en el Congreso, tuvo que hacer buena letra, mantener un perfil bajo y consensuar con sectores diversos cada paso que daba (todo lo contrario a lo que haría después) hasta que en las elecciones legislativas de 2005 pudo “plebiscitarse” exitosamente y empezar a manejarse con independencia. Hay quienes le escucharon decir a Néstor Kirchner en 2005: “ahora empieza mi verdadero gobierno…”. Al poco tiempo de esa elección se aprobó una ley que modificó el Consejo de la Magistratura (reciente y tardíamente declarada inconstitucional) para ampliar la injerencia del gobierno en la designación y remoción de los jueces y procurarse impunidad.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que es imposible que al incorporar a Aníbal Fernández a sus filas el matrimonio Kirchner no supiera las sospechas que ya por entonces recaían sobre aquél. Pero hay razones para pensar que esa vinculación puede haber sido el fruto de una asociación más amplia y profunda con el narcotráfico, incluso de proyección internacional, conforme lo explicado en el apartado anterior.

No puede ser pura coincidencia que un dictador tan calculador como Fidel Castro asistiera en 2003 a la asunción de Néstor Kirchner y que fuera aplaudido con fervor durante la ceremonia. Ese día el santacruceño lo recibió en su despacho y fue la reunión más larga de la jornada. Todo estaba decidido, y al parecer había sido decidido fuera de la Argentina y mucho tiempo antes: los Kirchner ejecutarían en nuestro país la nueva táctica narco-populista que el marxismo latinoamericano con sede en Cuba había diagramado al efecto de seguir promoviendo dictaduras afines en la región.

Parte de esto fue confirmado por Sergio Schoklender, cercano colaborador de Hebe de Bonafini, quien en su último libro expresó: “El programa que sosteníamos con las Madres antes de Kirchner era totalmente revolucionario. (…) La única salida que se veía lógica era la lucha armada. (…) En aquella época en el sótano de la universidad guardábamos todo. Si me llamaban a medianoche, yo pensaba que había volado la universidad. Cuando se produjo el enamoramiento entre Hebe y Néstor tuvimos que sacar urgente todo lo que había en el sótano y hacerlo desaparecer”. Agrega también que este acercamiento se produjo cuando Hugo Chávez llegó a la Argentina con un mensaje del Comandante Fidel para las Madres de Plaza de Mayo: “…pide especialmente a las Madres que le tengan paciencia a Néstor, que es un muchacho de buena madera”.

Cabe preguntarse si en verdad el matrimonio Kirchner actuaba como infiltración castro-comunista en el Partido Justicialista desde mucho antes, ya que en sus orígenes en la política ya usaban el lema “Frente para la Victoria Santacruceña”. Recordemos que el comunismo latinoamericano, tomando la frase “hasta la victoria siempre” de Ernesto “Che” Guevara, y pidiéndole prestado a Winston Churchill el gesto de “V” con los dedos, asimiló la palabra “victoria” como símbolo político propio. Castro ya había buscado conquistar la Argentina e infiltrar el justicialismo por medio de Montoneros y no sería para nada extraño que en la nueva etapa estratégica narco-populista hiciera lo mismo pero por otros medios.


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Efectos del narco-populismo marxista en Argentina

Trasladándonos, ahora sí, hacia el tema específico del narcotráfico en la Argentina, cabe decir que el 14 de abril de 2004 Clarín publicó una nota titulada: “Estados Unidos prohíbe la venta de efedrina, que en la Argentina se puede comprar sin receta”. Si bien la nota apuntaba a la prohibición de productos dietarios con derivados de la efedrina, demuestra que ya por entonces la sustancia empezó a estar en la mira de los gobiernos a nivel internacional. Tal es así que no tardó en generarse un amplio consenso en la dirigencia política argentina acerca de la necesidad de regular la efedrina.

El 8 de junio de 2005, antes de que el FPV se plebiscitara y pasara a controlar el Congreso, se sancionó la Ley del Registro Nacional de Precursores Químicos. Esa ley, quizás sin que existiera total consciencia acerca de ello por parte de sus propios autores, estaba en condiciones de neutralizar de raíz el negocio de la efedrina, y de evitar así el desembarco en la Argentina de los grandes cárteles internacionales de droga. Pero a fines de 2005 asumiría el nuevo Congreso, dominado por el kirchnerismo, con lo cual esa ley no sería debidamente reglamentada y aplicada y se le abrirían gentilmente las puertas de la Argentina al crimen organizado transnacional.

Entre 2004 y 2005 se importaron 3.449,5 kilos de efedrina en 24 meses. En 2006 ingresó al país casi el doble de esa cifra: 6.100,14 kilos. 2007: 19.200,29 kilos. Desde 2006, el gobierno tenía a su disposición datos contundentes que le permitían saber que el mercado farmacéutico local estaba siendo saturado en forma irregular e injustificada de efedrina. La Sedronar, Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, comenzó a detectar importaciones desproporcionadas de esa sustancia y la presencia en el mercado de importadores desconocidos que solicitaban permisos para ingresar miles de kilos. No obstante, el gobierno siguió impartiendo la orden de no actuar e incluso trabando las medidas de otros poderes orientadas a hacer algo al respecto.

Según pudo reconstruir en su momento el diario Perfil, uno de los técnicos de la Sedronar se citó en el despacho de uno de los tres funcionarios centrales del organismo para comunicarle la situación. Su superior subestimó la observación y dio por cerrada la discusión. Según la misma investigación, el organismo tenía una feroz interna por el control de la política de drogas con el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que boicoteaba permanentemente el accionar de la Secretaría.

Más adelante, en 2014, fue procesado por la Justicia argentina José Ramón Granero, quien condujo la Sedronar entre 2004 y 2011, acusado de ingresar al país materias primas para la elaboración de drogas y de alterar documentación. De acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional de México entregó en octubre de 2010 a la Legislatura, a partir de, por lo menos, el año 2007, los cárteles mexicanos se trasladaron masivamente a la Argentina para la producción de efedrina.

En mayo de 2008, al menos tres meses antes del triple crimen, Mario Alberto Arzave Trujillo, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la República de México, advirtió a autoridades argentinas en un foro en Londres sobre el problema de la efedrina pero nadie le dio importancia. El gobierno argentino demostraba una llamativa determinación a no hacer nada y permitir que los capos narcos del mundo se asentaran en nuestro suelo a través de dicho negocio. En 2008, un informe de la embajada de Estados Unidos afirmó sus sospechas de que el dinero para la campaña de Cristina hubiera provenido de las FARC de Colombia por gestión de Hugo Chávez (el ingreso de la valija de Guido Antonini Wilson estaría en esa línea), así como de dos cárteles mexicanos, incluyendo el de Sinaloa, acaso el más poderoso y temible.

Fue en 2008 que tuvo lugar el escándalo del triple crimen de General Rodríguez. Este hecho puso en evidencia que el modus operandi de las mafias narcos estaba plenamente arraigado en la Argentina y que los traficantes de efedrina, que la importaban en su mayor parte para triangularla hacia México, habían sido los principales aportantes a la campaña presidencial de Cristina Fernández de 2007. La indignación de la opinión pública fue tal que el gobierno se vio obligado a simular ciertas medidas que le permitieran mostrarse como queriendo combatir el tráfico de efedrina. Pero nunca se tomaron medidas de fondo al respecto. Más aun, en 2010 el Ejecutivo argentino dejó de registrar estadísticas sobre precursores desviados al mercado narco.

Según publicó en País Narco el periodista Mauro Federico, un documento reservado realizado por integrantes de Gendarmería Nacional, técnicos del Registro de Precursores y especialistas de la ANMAT, insistió en 2010 en que seguían cometiéndose irregularidades en el control de los precursores químicos. Un informe de mayo de 2013 de la Auditoría General de la Nación advirtió sobre el libre tránsito de la droga por el país. Según un reporte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de junio de 2013, la Argentina ya era en aquel entonces el tercer exportador de cocaína del mundo.



En 2014, seis años después de que la Argentina comenzara formalmente a controlar el ingreso de efedrina, las autoridades estadounidenses advirtieron que la sustancia seguía ingresando en grandes cantidades y de manera irregular a la Argentina. En 2015 actualizaron el informe anual del Departamento de Estado “International Narcotics Control Strategy Reports”. Se reconoció que el Poder Ejecutivo había demostrado mejoras en la lucha contra la droga, pero se resaltó que uno de los problemas centrales seguía latente y que no se veía intención política de erradicarlo. Argentina seguía siendo uno de los mayores productores de precursores químicos de Sudamérica y la Sedronar, la agencia antidroga encargada de controlar dicha sustancia, no parecía estar haciendo bien su trabajo. Además, se remarcaba que el país se había convertido en un paraíso a la hora de lavar el dinero del narcotráfico.


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El FPV es el gran responsable



El FPV no es víctima del narcotráfico. No sólo tiene a sus más altos dirigentes y a su figura máxima vinculados al negocio ilegal, sino que también está bañado por una dosis de fanatismo favorable a la incondicionalidad, la plena concentración del poder y la aceptación pasiva de la arbitrariedad y la impunidad. Las bases de dicho partido no pueden desligarse del todo desde el punto de vista moral si durante años toleraron tanta corrupción e indicios tan claros de compromiso con el narcotráfico. Ser críticos y exigentes con nuestros dirigentes no es una opción ideológica, sino un deber moral como ciudadanos de una república.

Todo esto queda corroborado por el hecho de que en la última década no sólo se fue negligente o directamente pasivo a la hora de combatir el narcotráfico, sino que se lo alentó y promovió. Hubo una acción deliberada, expresada a través de una serie de medidas concretas, que intensificaron y aceleraron fuertemente la presencia del narcotráfico en el país y el desembarco de los grandes cárteles mundiales.

Entre estas medidas se incluyen, principalmente y sin ánimo de exhaustividad: la no reglamentación ni ejecución apropiada de la ley de precursores químicos de 2005, que hubiera podido cortar el negocio de raíz y frenar el desembarco en Argentina de los grandes cárteles internacionales de droga; la desradarización de las fronteras y la anulación de escáneres en puertos para facilitar el libre tránsito de estupefacientes ilegales; las recurrentes moratorias o “blanqueos de capitales” con orden a los bancos no reportar sospechas de lavado; el desmantelamiento de la agencia antidroga Sedronar; y, por último, la provocación deliberada y el escalamiento injustificado de un conflicto diplomático con Estados Unidos en febrero de 2011, al efecto de usarlo como excusa para reducir drásticamente la cooperación internacional con la agencia antidroga estadounidense (DEA). Es decir, durante la década kirchnerista no sólo no se hizo nada para combatir al narcotráfico, sino que se hizo todo lo posible para promoverlo y para convertir a nuestro país en un paraíso criminal.

A estas medidas concretas hay que sumarles declaraciones que no hacían más que fortalecer en el discurso público los intereses del narcotráfico. Hebe de Bonafini llegó a reivindicar a viva voz a la narco-guerrilla de las FARC y Sergio Berni citó públicamente a Pablo Escobar, fundador del cártel de Medellín, para defender la legalización irrestricta. Asimismo, Aníbal Fernández no se cansó de afirmar durante años, contra toda evidencia empírica, que la Argentina era sólo un lugar de tránsito de droga y no de producción. A esto hay que sumarle la legitimación pública de los barrabravas y delincuentes por parte del FPV, a quienes dicho partido les dio privilegios judiciales y económicos, además de crearles una asociación, a cambio de alineamiento político, cuando son evidentes los lazos entre barrabravas, bandas delictivas y narcos. Cabe agregar que el ideólogo argentino del neomarxismo populista por excelencia, Ernesto Laclau, considera a la criminalidad, igual que el kirchnerismo, una “condición de constitución de un sujeto revolucionario”.

Quien a partir de 2005 fue el gran lobista en contra de la reglamentación y aplicación de la ley de precursores químicos fue, vaya sorpresa, Aníbal Fernández. Pero este siniestro personaje no hubiera podido hacer nada de lo que hizo de no ser por el apoyo político, la fuerte cesión de poder y la absoluta inacción cómplice de Cristina Fernández.

Antes de terminar, es dable agregar que en 2008, a causa del escándalo por el triple crimen de General Rodríguez, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley, presentado por la senadora del PJ disidente Sonia Escudero, que penalizaba con duras sanciones la venta y el tráfico ilegal de efedrina y otros precursores químicos. Aníbal era ministro de Justicia y Derechos Humanos y no tardó en reaccionar. Envió una nota al bloque de diputados oficialista para ordenar que plancharan el tema y así sucedió.

En la misiva, el entonces ministro expresaba impúdicamente: “El proyecto en examen no cumple con los parámetros impuestos por nuestra Constitución nacional ni por los instrumentos de derechos humanos que forman parte de ésta”. Su exégeta en diputados fue Diana Conti, quien supo expresar con una inexplicable desesperación y preocupación, y cambiando llamativamente el argumento, que “los delitos que se crean en la ley Escudero ya están en la legislación vigente”. Desde ya que eso no era así puesto que el proyecto creaba un tipo penal específico más amplio y eficaz, además de que no se entiende por qué tanta preocupación e inflexibilidad por un motivo tan efímero. La senadora salteña volvió a presentar el proyecto en 2010, pero Fernández esta vez estuvo más atento y el mismo no pasó siquiera el Senado.


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Conclusión

Es cierto que en la década del 90 el narcotráfico creció en la Argentina y que hubo una responsabilidad directa del gobierno menemista. Pero lo que pasó en la década política siguiente no fue una consecuencia natural de aquello. Más bien significó un salto cualitativo del negocio, que pudo sortear con facilidad una o dos etapas de su desarrollo.

Durante el gobierno del FPV, no sólo se debió haber combatido con mayor razón el narcotráfico porque la sociedad y la dirigencia ya estaban alertadas sobre el fenómeno, sino que de ninguna manera había motivos para que la Argentina pasara de país de tránsito a país de producción, para que nos destacáramos como uno de los principales exportadores de droga del mundo, para que el narcotráfico infiltrase con tanta profundidad y eficacia el Estado ni para que los grandes cárteles de droga internacionales hicieran pie en nuestro territorio con tanta fuerza, trayendo consigo un vasto know-how delictivo y mafioso que será muy difícil de contrarrestar y que se ha cobrado, y en el mejor de los casos se seguirá cobrando durante un buen tiempo, muchas vidas inocentes.

Son varias las lecciones que los argentinos debemos asimilar de estos tristes sucesos. Entre ellas, el hecho de que los personalismos populistas pueden ser muy simpáticos con sus discursos demagógicos pero siempre la concentración del poder tiene malos efectos sobre las instituciones y sobre la sociedad. En todos los casos los extremismos, sean de izquierda o de derecha, terroristas o populistas, terminan destruyendo a los países. La moderación política no es signo de debilidad, sino el reflejo de un espíritu con auténtica vocación de servicio y con compromiso con la institucionalidad democrática y el bien común.

Los ciudadanos de una democracia tenemos la responsabilidad de velar por la distribución del poder y la transparencia. Como con tanta sabiduría nos aconsejara Mariano Moreno dos siglos atrás, no debemos siquiera contentarnos con que nuestros gobernantes obren bien, sino asegurarnos de que no puedan obrar mal. De lo contrario, puede ocurrir que nos percatemos de una estafa política cuando sea demasiado tarde.

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