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Maduro ignora la Constitución

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Maduro ignora la Constitución con la convocatoria irregular del Parlamento

La oposición considera la impugnación de 22 diputados un «golpe de Estado judicial»

En medio de las amenazas de impugnación de las elecciones, la Asamblea Nacional venezolana realizó ayer las dos primeras de las cuatro sesiones extraordinarias para elegir a los 12 magistrados del Tribunal Supremo que le garanticen el control institucional del país durante 12 años pese al triunfo de la oposición. El proceso fue calificado de «atentado a las instituciones» por 20 oenegés de derechos humanos, que destacaron que no cumple con la obligatoriedad de contar con dos tercios de los votos, que se hace sin respetar los plazos legales y «con el evidente propósito de llevar una selección controlada por el PSUV», por lo que solicitaron que «no se lleve adelante».

Sin embargo, el chavismo, por boca del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que no cederá en su pretensión de elegir a los nuevos magistrados, que sustituyen a otros 12 a los que se jubiló un año antes de plazo, en noviembre, en previsión del resultado electoral. Entre otras irregularidades, se denunció que el propio presidente del Comité de Postulaciones, el diputado por el PSUV Elvis Amoroso (que no repetirá en el Parlamento), aspira ahora a ser magistrado, en lo que es una violación de la legalidad, pues no solo no puede ser simultáneamente elector y elegido, sino que además los jueces del TSJ que no pueden tener militancia política. Se da por descontado, sin embargo, que Amoroso será uno de los nuevos designados, al igual que la canciller Delcy Rodríguez, hermana de uno de los más conspicuos representantes del chavismo, el alcalde del municipio más grande de Caracas, Jorge Rodríguez, y muy criticada por sus posturas al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Uno de los miembros opositores del Comité de Postulaciones, Alfredo Marquina, señaló antes del comienzo de las sesiones extraordinarias, sin embargo, que la Asamblea Nacional podría declarar nulas las designaciones a partir del 5 de enero, incrementando el temor de que el próximo año en Venezuela, en medio de la grave crisis económica, se vivirá una verdadera guerra de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Marquina anunció, además, que «se pueden abrir procesos penales a quienes se hayan prestado para la designación de magistrados, un proceso viciado y llevado delante de forma fraudulenta».

En estas últimas cuatro sesiones del Legislativo venezolano, Cabello anunció también que se aprobará una reforma de la Ley de Defensa Pública para «blindar» la designación al frente de este cargo de Susana Barreiros, la jueza provisional que condenó a Leopoldo López. Esta designación se considera «una provocación» hacia la próxima mayoría parlamentaria, que tiene como primer proyecto de ley la amnistía para de los presos políticos.

«Golpe judicial»

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció ayer que la impugnación ante el Supremo de 22 diputados electos el pasado 6 de diciembre, presentada ayer por el chavismo, supone «un golpe de Estado judicial». El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, declaró que «la Mesa de la Unidad Democrática, junto a sus tres gobernadores ha querido fijar posición pública ante lo que no dudamos en calificar como un intento de golpe de Estado judicial contra la voluntad del pueblo expresada de manera nítida, clara, rotunda y pacífica el pasado 6 de diciembre».

Una nueva sentencia internacional ampara los derechos de Leopoldo López

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera a Leopoldo López un preso de conciencia, sumó un nuevo dictamen a su favor. Considera al Estado venezolano en desacato, al prohibirle ejercer cargos públicos mediante una inhabilitación administrativa sin sentencia, emitida cuando era alcalde de Chacao. La sentencia se produce tras las elecciones parlamentarias a las que López no pudo presentarse. Otras dos resoluciones de la CIDH fueron calificadas de «inejecutables» por el Supremo, que no ha fallado ni una vez en contra del Estado desde el 2003.

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