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Macri y los Decretos de necesidad y alegria.

Todo lo que tenés que saber sobre el DNU de educación de Macri

Qué busca cambiar el Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el Gobierno Nacional y por qué el ministro de Educación Esteban Bullrich afirmó que se trató de un “grave error”. Roberto Baradel (Suteba) y Jorge Adaro (Ademys) dialogaron con Política Argentina sobre el conflicto y explicaron sus consecuencias.

Macri y los Decretos de necesidad y alegria.

En los últimos días comenzó una polémica por el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Mauricio Macri donde se modifica la ley de ministerios, reorganizando esas dependencias “de acuerdo con las necesidades del nuevo presidente y gabinete”. Al utilizar como referencia la Ley Federal de Educación menemista -que fue derogada-, desde la comunidad educativa se denunció que el gobierno macrista buscaba volver atrás con los avances educativos de los últimos años y reducir a la mitad la inversión del PBI, reestablecer el Polimodal y eliminar las escuelas técnicas. Sin embargo, Esteban Bullrich admitió que se trató de un “grave error”. ¿En qué consistió?

El artículo 23 del Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 expresa que:

“Compete al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la Educación, de conformidad a lo establecido por las Leyes Nros. 24.195, 24.521, el Pacto Federal Educativo (Ley N° 24.856) y a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y que se dicten en consecuencia, y al Deporte…”

Las leyes que hoy regulan el sistema educativo son la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo. El “error” del que se habla en la comunidad educativa es que el decreto cita como marco legal educativo para el DNU a tres leyes no vigentes:

La ley 24.195 (Ley Federal de Educación): Esta norma fue sancionada durante el menemismo y fue derogada explícitamente por el artículo 132 de la Ley 26.062 -ley de Educación Nacional vigente-, que diagramó la nueva estructura del sistema educativo, determinando la extensión de la obligatoriedad escolar y las responsabilidades y obligaciones del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ley 24.521 (Ley de Educación Superior), modificada explícitamente por el artículo 133º de la 26.206 (La ley de Educación Nacional vigente).

La ley 24.856: Esta refiere al controvertido Pacto Federal Educativo, firmado en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem que legitimó la transferencia de las escuelas a las provincias sin recursos. Esta norma ya no rige y fue suplantada en diciembre de 2005 por la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), que estableció una nueva coordinación de la inversión educativa de manera de alcanzar la meta del 6 por ciento del PBI en cinco años.

Además, el decreto toma como referencia también “a las demás leyes vigentes…”. Esas “demás leyes vigentes” a las que alude son aquellas que actualmente rigen al sistema educativo argentino actual, que entran en contradicción, derogan o superan las primeras citadas. Sin embargo, el DNU no tiene el poder de retrotraer la normativa educativa a aquella de los ’90, por lo que las leyes del kirchnerismo gozan de plena vigencia. El error está en la redacción.

Roberto Baradel, titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), manifestó en diálogo con Política Argentina que referenciarse en leyes que no están vigentes “es un desastre” y que “llama mucho la atención”, aunque el ministro de Educación Esteban Bullrich ha reconocido que se trató de “un grave error”.

Además, señaló que desde el flamante gobierno “podrían haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso tranquilamente y lo hicieron por decreto. Ellos hablan de consenso, y el Congreso también es un ámbito de consenso, pero lo han dejado de lado. Primero muestran que convocan a todos para una foto y para que salga en los medios la voluntad de diálogo, y después cuando tienen que utilizar los mecanismos constitucionales no lo hacen”.

Jorge Adaro, secretario General del sindicato docente porteño Ademys, explicó a este portal que desde su espacio hacen una “crítica profunda” al método de utilizar Decretos de Necesidad y Urgencia y a “la improvisación” de este gobierno. “Entiendo que no hay una intención política porque si así fuera sería el primer gran traspié que tendría este gobierno a días de asumir, porque es una barbaridad política y una irresponsabilidad como gobernantes”, expresó. Además, exigió que esto sea subsanado “inmediatamente” y opinó que no se deberían sentar a participar de ninguna instancia hasta que no se de vuelta atrás con la decisión.

Ahhh te acordas de esto…

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Gracias por pasar


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