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Los trabajadores golondrina y la red de explotación agraria

Cosecha de manzanas y peras en Río Negro y Neuquén, uvas en Cuyo, limones en Tucumán, arándanos y cítricos en Entre Ríos, ajo en Mendoza, tabaco en Salta y Jujuy, yerba mate en Misiones y Corrientes, aceitunas en Catamarca y La Rioja, algodón en Chaco y Formosa, caña de azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy, y más… Las economías regionales se desarrollaron luego de la crisis de los años treinta, cuando el desarrollo del mercado interno favoreció el crecimiento de las producciones extra pampeanas y los mercados de trabajo asociados a éstas. Son producciones intensivas en mano de obra, poco tecnificadas y concentradas en tareas de cosecha, por lo cual registran mayor presencia de trabajadores agrarios transitorios, en relación a los permanentes.

Se calcula que entre 350 mil y medio millón de trabajadores rurales son trabajadores golondrinas, es decir, trabajadores estacionales que migran por diferentes regiones del país cubriendo la demanda de cosechas de diferentes cultivos. Realizan mayormente tareas relacionadas a la cosecha de frutas y hortalizas, pero también tareas como poda, raleo y empaque.

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Las migraciones suelen darse en un sentido Norte a Sur del país; los trabajadores migrantes provienen principalmente de las provincias del norte y de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. La mecanización de tareas en el campo intensificó la expulsión de mano de obra. Es el caso de la producción de algodón y de la caña de azúcar, que por esa razón convirtió a Santiago del Estero y Tucumán en las provincias que proveen la mayor cantidad de trabajadores golondrinas. Por el contrario, provincias como Neuquén, Río Negro y Mendoza son receptoras de mano de obra estacional, ya que, aunque cuentan con trabajadores permanentes, en la época de la cosecha, la población local resulta insuficiente. Los golondrinas intercalan períodos de ocupación con otros de sub o desocupación, conformando ciclos anuales que se caracterizan por la intermitencia laboral. Sin opción, los ciclos temporarios que cumplen, son parte de las estrategias de sobrevivencia, frente al desempleo y la inseguridad laboral que encuentran en sus lugares de origen.

Diversos estudios1 demuestran que estos ciclos migratorios no los hace modificar su afiliación al lugar de pertenencia, al que regresan luego de cada migración.

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La precarización laboral como regla del juego



Tradicionalmente los trabajadores golondrinas estuvieron expuestos a las peores condiciones laborales. El trabajo no registrado en el campo alcanza niveles elevadísimos. Entre los trabajadores permanentes, la informalidad es de un 50 %, pero esta cifra aumenta a 80 o 90 % cuando hablamos de trabajadores temporarios. Pago de salarios en negro, o solo un porcentaje en blanco, y formas de pago “no salariales” como el pago con tickets, completan el panorama. Las remuneraciones generalmente no alcanzan el salario mínimo, y se encuentran hasta un tercio por debajo de la remuneración percibida por los trabajadores permanentes. Es habitual que las promesas de pago sean incumplidas, percibiendo efectivamente la mitad o menos del salario estipulado.

El incumplimiento de la legislación laboral y los reducidos índices de registro de los trabajadores hace que los mismos tengan que realizar jornadas de trabajo de más de 12 horas, expuestos a elevados riesgos de trabajo, sin seguro de accidentes, cobertura de salud ni jubilación. Sumado a esto, la utilización de trabajo infantil y el trabajo a destajo, convierten a esta actividad en una de las más precarias. Por su parte, la intermediación laboral cumple un rol fundamental en el mercado laboral transitorio: vincula oferta y demanda de trabajadores y facilita el reclutamiento de los mismos diluyendo la clásica relación de dependencia laboral.

Los agentes de intermediación pueden incluir la figura del contratista, las cooperativas de trabajo fraudulentas –para eludir cargas sociales–, las empresas de prestación de servicios o incluso organismos sindicales y estatales, como UATRE, que conjuntamente con la Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia de Tucumán, actúan como intermediarios y reclutadores de personal transitorio2. A su vez, la subcontratación permite evitar los costos laborales, desdibujar la relación laboral y generar sistemas de control de trabajo que no involucran al productor de forma directa3.

La mayoría de los trabajadores estacionales provienen de comunidades rurales y/u originarias en situación de alta vulnerabilidad y condiciones de pobreza estructural, lo que los obliga a aceptar estos trabajos, sometiéndose a la arbitrariedad y abuso de sus empleadores4.

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explotacion



Las penas son de nosotros…



De tanto en tanto se encuentran en periódicos regionales noticias que denuncian las condiciones de vida de los trabajadores golondrinas. Hacinamiento, falta de agua, de baños, habitaciones sin ventanas y falta de energía eléctrica son la regla más que la excepción. Gamelas, carpas, colectivos en desuso y containers son adaptados como viviendas improvisadas5. Reducción a la servidumbre e indicios de trata laboral.

La falta de registro de los trabajadores, la casi nula representación sindical, el desconocimiento de sus derechos, y la falta de documentación de muchos de ellos, hacen que esta realidad sea más fácil de ocultar. Las corporaciones mediáticas no ayudan: salvo raras excepciones, la invisibilización es lo que reina. Las patronales se sirven de las mismas instituciones del Estado y fuerzas represivas estatales y para estatales para garantizar el funcionamiento de la red de explotación. Tanto en los diarios6 como en internet, decenas de testimonios de trabajadores de la fruta denuncian el maltrato policial. Algunos incluso dan cuenta de cómo la policía los amenaza diciéndoles “te va a pasar como a Solano”, en referencia al trabajador golondrina desaparecido en Choele Choel (ver recuadro).

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izquierda



…las vaquitas son ajenas



La mayoría de estas economías regionales son de exportación, es decir que mientras los cosecheros trabajan en condiciones deplorables, la fruta recolectada se destina al primer mundo. La empresa que lidera el mercado es Expofrut Argentina, una multinacional de capitales belgas, que está en 9 provincias y terceriza trabajo a través de más de 450 empresas. Dispone de una superficie de 20 mil hectáreas y exporta el 24 % de la producción frutihortícola del país, lo que representa aproximadamente 250 mil toneladas de frutas7. Es una de las 100 empresas el Grupo Univeg en todo el mundo, aunque es de las principales en cuanto a facturación. Hein Deprez, fundador de Univeg, factura 3.000 millones de euros anuales. Para esta multinacional trabajaba Daniel Solano en el momento de su desaparición.

En los últimos años, los productores hablan de una grave crisis económica y financiera, que atraviesan las economías regionales, de la que culpan a la política económica. Pero las mismas patronales que hoy se declaran en alerta, alegando que esta crisis afecta a los trabajadores, son las que en tiempos de bonanza económica se enriquecieron a costa de trabajo en negro y esclavo. Aún así, los directivos de Expofrut hicieron acuerdos el año pasado con la ministra de Industria Débora Giorgi, para seguir operando en el país por 5 años más.

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trabajadores



¿Y ahora quién podrá defendernos?



Actualmente está vigente la Nueva Ley de Trabajo Agrario (N.º 26.727), impulsada por el kirchnerismo y aprobada en diciembre del 2011 con el objetivo de combatir la informalidad y dotar de los derechos que habían sido negados por la Ley 22.248 (sancionada en la última dictadura militar) al asalariado rural. Sin embargo la “nueva Ley” solo es una reforma de la anterior. En líneas generales mantiene y permite establecer nuevas formas contractuales, como es la creación de la figura de “trabajador permanente discontinuo” que deja la puerta abierta a la precarización laboral. La regulación del trabajo por la polémica figura de “usos y costumbres” legitima el pago del trabajo a destajo, la posibilidad de que el empleador pueda establecer jornadas de trabajo que superen las ocho horas y los días de descanso, en caso de que fuese necesario, aspectos que le permiten seguir explotando al máximo al trabajador estacional.

Respecto al derecho a huelga, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, encargada de regular aspectos que tienen que ver con el salario y los conflictos sindicales, asume una postura ambigua: por un lado reconoce el derecho a huelga y por el otro restringe el mismo durante la negociación de un conflicto, dotando de fundamentos legales contra el trabajador para accionar judicialmente contra los mismos.

Mientras la ley presenta coartadas contra el trabajador, premia a las patronales por reconocer a trabajadores temporarios o permanente discontinuos, a través de la reducción de los aportes patronales en un 50 %, haciéndose cargo el Poder Ejecutivo de dichos aportes. Este tipo de beneficios al patrón también se producen a través de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG), Ley 26.377, suscriptos entre asociaciones de trabajadores con personería gremial y empresarios del sector rural, que tienen trabajadores estacionales a cargo. Con el CCG el empleador reemplaza el pago mensual de contribuciones destinadas al sistema de la seguridad social, por un pago diferido, englobado dentro de la denominada “tarifa sustitutiva”, a través de un agente de retención definido por las partes en el convenio. La misma se establece a partir del valor establecido por unidad cosechada, o sea legitimando los aportes sociales en función del trabajo a destajo.

Uno de los aspectos más polémicos de la ley fue la creación del RENATEA, en reemplazo de la desprestigiada RENATRE (manejado por la UATRE y representantes patronales), que legitimó durante años las condiciones descriptas y establecidas. Hoy bajo la órbita del Estado, debería significar un mayor control, pero la precarización y malas condiciones de trabajo no han cambiado.

A pesar de la gran cantidad de asociaciones sindicales existentes –dentro de las cuales la UATRE es la única de alcance nacional– los niveles de sindicalización son muy bajos (menos del 40 %). La responsabilidad es compartida, tanto del Estado y sus organismos de control, como de las burocracias sindicales del agro que poco y nada han hecho para cambiar las condiciones de los trabajadores golondrinas, a los que ni siquiera representan sindicalmente. Gerónimo “Momo” Venegas, quien conduce desde hace más de 20 años la UATRE, destinó 20 millones de pesos en construir un excéntrico hotel y complejo termal “para que el trabajador se tomase las vacaciones que le corresponde”, medida obscena si consideramos que sus representados no cuentan con vacaciones ni conocen el trabajo en blanco. Por otra parte, su política para combatir la informalidad consistió en contratar empresas amigas a las que pagaba millones para que “fiscalicen el trabajo no registrado”8.

Su vinculación política a través de los años fue con sectores patronales peronistas del PJ disidente. Actualmente tiene un acuerdo electoral con el macrismo mostrando, una vez más, que siempre estará parado de la vereda del frente a los trabajadores.

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A modo de cierre



Los peones rurales, y entre ellos los trabajadores golondrinas, son los sectores que fueron conscientemente olvidados en la disputa del 2008 entre el gobierno y la oligarquía agraria, una de las razones para que algunas fuerzas de izquierda, entre ellas el PTS, hayan tomado una postura independiente de ambos. Los gobiernos kirchneristas hablan de la mejoras en las condiciones de trabajo de estos trabajadores, pero se trata meramente de cambios cosméticos. Lo que queda en los papeles nada tienen que ver con la realidad de vida y de trabajo de los trabajadores golondrinas. La súper  explotación y trata de personas en el campo, el acoso policial y la prepotencia patronal, se mantienen igual que hace 100 años.

Las ganancias millonarias de estas empresas no serían posibles sin las condiciones de trabajo a las que someten a los trabajadores. Y estas condiciones de vida y de trabajo son posibles por la cadena de complicidades, que incluye no solo a las empresas, sino también al Estado y las direcciones sindicales, en tanto permiten la flexibilización y legitiman la precariedad laboral, mientras las cadenas siguen recayendo en el sector más vulnerable de la red de explotación agraria.

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 DANIEL SOLANO; UN CASO TESTIGO



La madrugada del 5 de noviembre de 2011, Daniel Solano –trabajador golondrina de la comunidad guaraní Misión Cherenta, en Tartagal– fue visto por última vez. Tenía 27 años y había migrado a Lamarque (pueblo cercano a Choele Choel) un mes atrás para trabajar en Agro Cosecha SRL, una empresa que tercerizaba trabajo para Expofrut Univeg hoy Expofrut Argentina–, multinacional de capitales belgas y uno de los motores económicos de Río Negro (ver nota principal). Ese día había ido a bailar al boliche Macuba, y fue sacado de allí por personal policial. Nunca más se lo volvió a ver.

A pocas semanas de su desaparición, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, abogados de la familia del joven, iniciaron solitariamente una profunda investigación poniendo al descubierto un oscuro entramado que involucra a las empresas, la Policía, la Justicia y funcionarios del gobierno. También sacaron a la luz la desaparición de dos trabajadores, Pedro Cabañas Cuba y Héctor Villagrán, relacionadas con la causa de Solano.

En base a decenas de testimonios que recogieron de testigos claves, reconstruyeron la historia. El 4 de noviembre del 2011, Daniel Solano cobró $ 800 cuando debía cobrar entre $ 1.500 y $ 2.000. Lo comenta con sus compañeros y planifican ir el lunes siguiente a reclamar el reintegro de lo que faltaba del salario. “A Daniel lo desaparecieron por descubrir la estafa millonaria de la empresa Expofrut a través de la tercerización, asegura Heredia”.

Según la investigación de los abogados, las empresas mencionadas estafaron a cientos de originarios por más de 18 millones, quedándose parte de los salarios de los trabajadores.

Según Heredia, el crimen fue planificado por la empresa y están implicados la policía, la justicia y el Ministerio de Trabajo. El joven fue al boliche Macuba, donde la policía lo sacó del lugar, lo golpeó y se lo llevó. La primera jueza de la causa, la Dra. Marisa Bosco, abonó la teoría de que Daniel se había ido a Neuquén por voluntad propia y que no había delito. Los abogados denuncian que la Dra. Bosco era cuñada del gerente de Agrocosecha. La primera abogada de la familia de Solano, María Cecilia Constanzo, era además abogada de la misma empresa y como si fuera poco, delegada de la Secretaría de Trabajo.

Al mismo tiempo los policías implicados en la desaparición de Solano, son quienes estaban a cargo de la investigación de la desaparición de Cabañas Cuba. Hoy en día hay 22 policías imputados, 13 procesados y 7 detenidos, pero los abogados apuntan a que se juzgue a los autores intelectuales y sus cómplices encubridores.

El sindicato no se pronunció nunca por la aparición de Daniel Solano, ni realizó acciones tendientes al esclarecimiento de la causa. Tampoco hace frente a las empresas o instituciones estatales por las condiciones aberrantes en que viven los trabajadores rurales, estando al tanto de las estafas a las que son sometidos.

En 2012 la UATRE participó de una marcha organizada por las partes implicadas en la causa (empresa, Policía, jueces y dueños del boliche Macuba), pero nunca participó en las movilizaciones que se han realizado por justicia y la aparición de Daniel.

Del otro lado, los familiares de Daniel –que acampan frente al juzgado de Choele Choel, desde hace 3 años y medio– junto a trabajadores, artistas y organizaciones solidarias, nucleadas en una multisectorial, llevaron adelante distintas manifestaciones y acciones exigiendo la aparición de Daniel Solano. También se impulsó el pronunciamiento de la legislatura neuquina por la aparición de Daniel Solano, proyecto presentado por el diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy1. Todas medidas necesarias en el camino de lograr la aparición de Daniel y la cárcel común y efectiva de todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen y sus encubridores.

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