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Los K, con las horas contadas para informar

Los K, con las horas contadas para informar el índice de pobreza

Así lo determinó la Justicia, a raíz de un pedido de la diputada Victoria Donda. Tras dos años sin datos oficiales, el gobierno deberá publicar el número de pobres e indigentes. Para los especialistas, las estadísticas seguirán “distorsionadas”

La escena ya es un clásico. Mafalda y Susanita pasan frente a un indigente. “Me parte el alma ver gente pobre”, dice el personaje estrella de Quino. “A mí también”, agrega Susanita. “¡Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres!”, reclama Mafalda, agitando el dedo índice. Y en un remate antológico, su amiga simplifica: “¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos”.

Medio siglo después, esas viñetas parecen una tragicómica metáfora del actual gobierno que, como con tantos otros temas (el déficit, la inflación, el endeudamiento, el atraso cambiario), primero optó por distorsionar las cifras de pobreza e indigencia y, desde 2013, por ocultarlas.

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Realismo mágico

Herido en su credibilidad, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de difundir esos números y el último dato oficial, hace dos años, arrojó un irreal 4,7 % de pobres y un 1% de indigencia, cifras que en junio pasado defendieron la presidenta Cristina Kirchner y el inefable Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para quien “en Alemania hay más pobres que en Argentina”.

Lejos de ese realismo mágico, el prestigioso Observatorio Social de la UCA alerta sobre un preocupante 28,7 % de pobres (12 millones de personas) y un 6% (2 millones) de indigentes. Números que el kirchnerismo, fiel a su estilo, niega y esconde.

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El fallo judicial

Por eso, ahora la Justicia le ordenó al gobierno que presente un informe sobre los datos oficiales de pobreza e indigencia. Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, a raíz de una presentación realizada por la legisladora y candidata a diputada nacional por el frente Progresistas, Victoria Donda.

La magistrada también le pidió al Ministerio de Economía que difunda en el plazo de cinco días hábiles “los valores de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNu desde febrero”.

Cabe recordar que el Indec dejó de publicar los datos correspondientes a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT) en el marco del lanzamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu) y el descrédito que presentaban sus cifras.

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“No habrá sinceramiento”

No obstante este fallo judicial, el titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Jorge Colina, aseguró a Hoy que “el gobierno puede cumplir con el mandato de la justicia, pero lo hará con la medición de la inflación distorsionada, no habrá sinceramiento y el resultado será una tasa de pobreza irreal”.

Para el economista, el organismo público “va a medir la canasta básica con una inflación del 15%, cuando los privados dicen que está por encima del 25%”. Por eso, afirmó que “el próximo gobierno tendrá que atacar los problemas de fondo, bajar la inflación y recrear el crecimiento en un marco de estabilidad; para eso, se necesita el sinceramiento de las estadísticas oficiales, que nunca tendrían que haberse distorsionado”.

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Sin lugar para los pobres

Pero los poderosos inquilinos de la Casa Rosada viven en una realidad paralela en la que no hay lugar para los pobres, en la que, por ejemplo, un muerto por desnutrición es víctima de un hecho aislado -tal como analizó el gobierno la muerte del adolescente qom del Chaco-, en la que el Indec registra un 8,4% como último dato de pobreza para Chaco, contra el 48,1% estimado por los estudios privados.

Mientras, el gobierno se duerme en su relato. Como en aquella otra escena de Mafalda, cuando la niña, junto a Felipe y Manolito juegan “al gobierno” sentados a una mesa. “Bueno, a no hacer lío”, advierte su mamá; y ellos, recostados en sus sillas, responden: “Descuidá. No vamos a hacer absolutamente nada”.

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“Quieren volver al oscurantismo”

El fallo por el que la Justicia ordenó al gobierno que en cinco días diga cuántos pobres hay en el país fue dictado a raíz de la presentación que hizo la candidata porteña a diputada nacional por el frente Progresistas, Victoria Donda, para que se difundan las cifras oficiales que fueron discontinuadas en 2013.

“El Indec no informa los índices de pobreza e indigencia, quieren volver al oscurantismo, guardándose información pública”, disparó Donda tras el fallo, y aseguró: “Me gustaría preguntarle a Kicillof cómo realiza el proyecto de ley de presupuesto sin saber sobre qué realidad estamos parados. Nuevamente apelarán al dibujo, como tantas veces lo han hecho”.

Para la diputada, “el tema de la pobreza afecta a millones de compatriotas y muestra su cara más cruel en la desnutrición infantil. Sin conocer datos objetivos de pobreza e indigencia difícilmente se puedan llevar a cabo políticas públicas tendientes a combatir el flagelo”. Kicillof, que considera esta información “estigmatizante”, rechazó el pedido de hábeas data presentado por Donda para acceder a las cifras de pobreza e indigencia, al entender que la referente de Libres del Sur no acreditó “interés legítimo”. Pero ahora, su pedido tuvo lugar por la acción de la jueza María José Sarmiento, la misma magistrada que suspendió los decretos presidenciales para tomar reservas del Banco Central y desplazar a su titular, Martín Redrado.

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“Necesitamos tener estadísticas ciertas”

Por Agustín Salvia (Sociólogo. Jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia)

Especial para Hoy

El gobierno no debería haber discontinuado la medición de la pobreza, pero también debería haber tenido mediciones realistas, que permitieran valorizar las canastas de precios de una forma más cierta.

Hoy, las estadísticas públicas están en deuda con la ciudadanía, con la opinión pública y los actores sociales. Se necesitan estadísticas públicas para tener mejores diagnósticos de los problemas, para darles solución, pero al mismo tiempo para hacer visibles derechos sociales que no están siendo reconocidos.

En este sentido, tanto para ver lo que se hizo, como lo que falta, necesitamos estadísticas sociales ciertas, entre ellas, la medición de la pobreza.

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