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La mafia de la familia Macri


La mafia de la familia Macri

LAS DEUDAS DE LAS EMPRESAS MACRI FUERON PAGADAS POR EL ESTADO, ES DECIR POR LOS JUBILADOS A LOS QUE HOY DICEN QUE QUIEREN DEFENDER

Mauricio Macri: En 1992 ocupó la vicepresidencia en Sevel, empresa automotriz, una de las empresas que una década antes se benefició a costa del dinero del Estado Argentino.

Ahí no hizo denuncias porque no le incomodó que el Estado fuera “intervencionista” ya que venía a beneficiar a la iniciativa privada que salió airosa, pero sus deudas las pagamos todos: LOS JUBILADOS INCLUIDOS. ESOS MISMOS QUE HOY DICEN DEFENDER Y A LOS QUE INTENTAN ENGRUPIR CON UN DEMAGÓGICO 82% QUE NO DICEN DE DÓNDE VAN A SACAR. Porque hoy Federico Pinedo insiste por twitter en que van por el 82%, no dice de dónde lo van a obtener pero es seguro que se le hace agua la boca al ver las reservas del Banco Central que piensan saquear para volver a endeudarnos como en las épocas de CAVALLO.

El informe es extenso pero aporta mucha información NECESARIA:

En 1982 el gobierno militar decide junto al presidente del banco central y al Ministro de Economía, estatizar la deuda privada de cientos de empresas. Cerca de 14.000 millones de dólares, que sumado a la deuda inicial se llega al monto de 40.000 millones.

Se hizo mediante un “seguro de cambio” que consistía en asegurarle al deuda el valor del dólar al momento del pago de la deuda. Por ejemplo si debía 10.000 dólares a un valor de $10. por dólar, cuando llegara el momento de abonarla, -en 3 años o mas- el deudor solo abonaría los 10.000 a 10 pesos el dólar, la diferencia en caso de un aumento del dólar lo absorbería el Estado, es decir se pagaba con fondos del pueblo. Es decir se transfirió la deuda privada a la sociedad Argentina.

Machinea que estaba en el Banco Central en 1985, cuando Alfonsín era presidente, hace los pagaré de la deuda privada.

Gran parte de la deuda estatizada por“auto-préstamos”, es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos del exterior. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice se esta estafa. Muchas empresas fueron descubiertas como: FATE, SADE, algunas del grupo TECHINT, BGH, SIDECO.

Las siguientes empresas se beneficiaron con la estatización (VARIAS DE ESAS EMPRESAS ERAN PROPIEDAD DE LOS MACRI, O DEL GRUPO SOCMA -SOCIEDAD MACRI-):

AUTOPISTAS URBANAS

CELULOSA ARGENTINA

ACINDAR

BRIDAS

ALPARGATAS

SIDERCA

SEVEL

IMB

MERCEDES BENZ

ESSO

FIAT

FORD

PIRELLI

LOMA NEGRA

BANCOS DE ITALIA, RIO, FRANCES, LONDRES, GALICIA Y OTROS MAS

Cavallo transfirió la deuda al Ministerio de Economía que trasfiere la deuda al City Bank para que administre la deuda argentina junto con otros 7 bancos mas. A tal punto llega la CORRUPCIÓN que estos bancos fueron los encargados de determinar la deuda de los argentinos, y como la debería pagar.

Interesante trabajo sobre los negociados macri en Facebook:

Pensamiento X Argentina Todos sabemos que el grupo Macri esconde muchas cosas. Detras de la sonrisa macabra de Mauricio hay una historia familiar muy negra que empezo antes de la dictadura.

A partir de 1976 se afianzo y logro posicionarse en la epoca del menemismo. Hoy dia es uno de los mayores grupos economicos que operan en Argentina.

Este foro es para Concientizar, Informar y Compartir. Todos los que tengan mas informacion sobre este personaje y su flia son bienvenidos a volcarlos aqui para que de una vez por todas empecemos a develar nuestra verdadera historia.

Historia del Grupo Macri: estatización de deuda, contrabando y otras yerbas

El Grupo Socma (Sociedad Macri) opera desde antes de la dictadura militar y como parte del poder económico prebendario hizo negocios con todos los gobiernos sucesivos, inclusive con el de Néstor Kirchner. Mauricio fue su vicepresidente hasta el 2003:

-En 1975 los Macri poseían siete empresas. Al concluir la dictadura militar tenían cuarenta y seis. La familia es parte de lo que se conoce como la “patria contratista”: genera sus ganancias a partir de negocios con el Estado, al que poco a poco van exprimiendo. Socma se benefició con la licuación de los pasivos empresarios –e hizo un intenso lobby para lograrlo-. Esa estatización de la deuda externa privada, realizada por Domingo Cavallo al asumir en el Banco Central en 1982, permitió que la deuda que las empresas tenían por haber pedido dólares a la banca internacional, pasase a ser considerada como deuda externa pública, es decir de todos. Los Macri fueron uno de los grupos económicos más beneficiados con esa medida.

-En 1979, se alzaron con Manliba, la empresa de recolección de residuos privatizada por el gobierno militar. El convenio inicial fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco. Pero esta concesión terminó en un verdadero escándalo cuando la intendencias de los radicales Julio Saguier y Facundo Suárez Lastra quisieron aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo que se aplicó con el Plan Austral en forma generalizada. La empresa se resistió a la aplicación de este descuento. El litigio entre Macri y la intendencia se prolongó hasta que el Gobierno de la Ciudad dirimió a favor de Manliba. La empresa sigue siendo, en la actualidad, propiedad de los Macri.

PROpiedad privada

-A través de Intron, el holding accedió, en los 90 al negocio de la administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad. Lo hace a través de UTE-Rentas. La empresa emite, entre otras cosas, las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y del impuesto automotor. El contrato es de 10 millones de pesos anuales.

-También a través de Intron maneja una de las dos empresas de Control fotográfico de vehículos. La licitación es por cinco años. La facturación promedio, cuando se licitó, fue estimada en 5 millones de pesos por año.

-Dentro de Socma, Intron forma parte de una especie de subholding que también integran SEPSA y Sistemas Catastrales. A través de esta última maneja la detección de infracciones en obras y se ocupa de fiscalizar la construcción de edificios, las ampliaciones no declaradas en viviendas y también la aprobación de planos dentro de la jurisdicción porteña. Se trata de un contrato por 20 años.

-SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le paga a la empresa de Macri un peso por boleta.

-IECSA es una empresa especializada en ingeniería en construcciones. La firma se presentó en dos licitaciones sobre las cuales ya pasó los requerimientos técnicos. Se está a la espera de la apertura del sobre número 2, es decir, el que tiene la oferta monetaria. Una de las licitaciones, por 70 millones de dólares, es para la construcción de los denominados “reservorios”, a través de los cuales se espera mitigar las inundaciones en la Ciudad. La otra es por 22 millones de dólares para construir a nuevo la Casa Cuna.

-El Grupo Macri, con el Banco Galicia como socio minoritario, se adjudicó en 1997 la privatización del servicio postal, en una de las últimas operaciones que consumó el menemismo. En aquel momento se logró la concesión por 30 años con la promesa de pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos/dólares. Sin embargo, en 1999 dejó de abonarlo. En septiembre de 2001, Correo Argentina SA entró en concurso preventivo cuando debía $ 900 millones. La deuda del Grupo Macri con el Estado se eleva a los 659 millones de dólares (en el 1 a 1), hoy más de dos mil millones de pesos (según el 3 a 1 actual) y sin tener en cuenta los intereses. El Gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión por el canon atrasado pero la deuda sigue impaga.

En la ciudad de Buenos Aires el “Correo Argentino S.A.” se presentó en todas las licitaciones a las que convocaba el gobierno porteño. En una de las últimas en la que estuvo interesado estuvo a punto de adjudicarse la entrega domiciliaria de las facturas de rentas por de 10,5 millones de dólares anuales.

-Según la DGI, Sevel evadió unos 55 millones de pesos del 93 al 95 durante la presidencia de Mauricio Macri en la empresa. En 1993 Sevel de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos. Se estima que estas exportaciones continuaron hasta 1995.

-Por todo esto Mauricio fue embargado por 4,9 millones de pesos, y PROcesado por “contrabando”, pero posteriormente la corte menemista con la famosa “mayoría automática” declaró inocentes a los Macri rechazando la apelación de la causa a pesar de no tener argumentos para hacerlo. Esta caso fue uno de los cargos que se le imputaron a los jueces de aquella Corte en los juicios políticos que se le iniciaron por sospechas de corrupción y por su dudoso desempeño, y que implicó el fin de la corte adicta a Menem.

Durante su mandato como presidente de Boca se efectuaron terribles denuncias sobre los manejos financieros de Macri. ´Cometas´ sobre las ventas y las compras de jugadores la “recompra” de los viejos jugadores de Boca que emigraron a Europa, que Macri negocia personalmente, no de club a club, a cambio de una parte de las transacciones (como los casos de Delgado y Bermúdez, que alcanzaron una gran resonancia).

Después de doce años en Boca, Macri se va con muchos títulos futbolísticos y con un pasivo escandaloso… a pesar de ser el club argentino que más jugadores vendió a Europa de los últimos diez años. El endeudamiento de Boca es un tema judicial: hay compras y cuentas fantasmas que no aparecen en los balances (Ver Página/12, 31/12/06).

Del libro “Colonizar el dolor” Susana Murillo:



Con el transcurso del tiempo, los hechos y la agitación mediática, en las elecciones legislativas de octubre de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires triunfó Mauricio Macri, de Propuesta Republicana (PRO), y más tarde fue suspendido y finalmente destituido, por un discutido juicio político, el jefe de Gobierno de la Ciudad.

Macri es un empresario de centroderecha cuya familia ha estado ligada a los negocios y reformas iniciadas en los años setenta. Es imposible dejar de señalar que las siglas PRO, que se pusieron de moda durante la campaña por las elecciones de 2005, coinciden extrañamente con los dichos de un dictador argentino:

Ese ser argentino, basado en madurez y en sentido de unidad, permitirá inspirar para elevarnos por encima de la miseria que la antinomia nos ha planteado, para dejar, de una vez por todas, ese ser anti y ser, de una vez, por todas, PRO: pro-argentinos.

(Jorge Rafael Videla, discurso del 25 de mayo de 1976).

La situación a primera vista parece incomprensible: la ciudad que en 2001 se transformaba en el emblema de la lucha contra el neoliberalismo, cuatro años después, votaba masivamente a uno de sus representantes más sólidos. El candidato ganaba en todos los extremos geográficos y socioeconómicos de la ciudad, no sólo en los barrios más acomodados sino también en los más pobres, con diferencias sobre sus rivales que oscilaron entre los 4 y los 36 puntos (Clarín, 24 de octubre de 2005).



La situación sólo puede leerse adentrándose en los diversos pliegues de la memoria histórica. El candidato de derecha basó su campaña en desplegar el significante flotante “inseguridad” en multiplicidad de significados: desde las calles rotas hasta los asesinatos por secuestros extorsivos. Con ello, sutilmente volvió a colocarse en el lugar de la promesa del retorno a la mítica comunidad perdida. Poco después de ganar las legislativas, los parlamentarios del PRO, apoyados de modo acrítico por otros de centroizquierda, colonizarían el dolor por la masacre de Cromañón, y votarían en equívocas circunstancias el juicio político al jefe de Gobierno de la Ciudad. No se trata aquí de analizar las bondades o maldades del jefe de Gobierno o de sus opositores, sino de pensar estrategias políticas. Se ha sostenido en los primeros capítulos de este trabajo que la estructura del orden social capitalista supone un desequilibrio fundamental que no puede resolverse dentro del sistema. Esto es asumido hoy como inevitable, y se proponen medidas como la accountability social. Ahora se trata de pensar cómo esa estrategia se constituye en una nueva manera de sostener esa desarmonía, al mismo tiempo que intenta sofocarla evocando el espectro ideológico de la “participación”. Se trata de una nueva manera de obturar la vieja cuestión social.



La nueva reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires abolía el Código de Convivencia que había regido desde marzo de 1998. Este había sido fuertemente criticado por los funcionarios policiales, quienes sostenían que les ataba las manos, pues anulaba la figura del “merodeo”, y de ese modo “les hacía difícil trabajar”. El Código de Convivencia urbano también había sido criticado por nutridos grupos de vecinos, quienes habían organizado reiteradas marchas solicitando su abolición. El argumento que esgrimían se centraba fundamentalmente en que no penaba la prostitución en espacios públicos.

Por el contrario, los detractores del viejo Código sostenían que había posibilitado “abusivos edictos policiales que sirvieron para enriquecer a muchos”. Efectivamente, nutrida bibliografía y documentación muestran que desde fines de siglo XIX grupos ligados al poder político y a la policía habían amasado fortunas tanto en Buenos Aires como en Rosario, utilizando la figura de la “contravención”, aplicada entre otros a prostitutas, vendedores ambulantes, apostadores o rateros, supuestos o reales, y a todo aquel que en las calles, por su “aspecto”, se tornase sospechoso para la policía. Los “edictos” eran reglamentos dictados y juzgados por el jefe de la Policía Federal; ellos sancionaban conductas que a criterio del policía pudieran resultar peligrosas, o que atentaran contra la moral y las buenas costumbres. En ellos se encontraban previstas desde “actitudes sospechosas”, hasta las más insólitas, como “orinar

en la vía publica sin ser visto por terceros y en forma reparada”.

Los 122 artículos del nuevo Código fueron votados uno por uno durante el año 2004 en medio de polémicas. Las diatribas hicieron blanco en el jefe de la oposición, Mauricio Macri –impulsor de la reforma– y en el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra –quien tras varios escarceos había llegado a un acuerdo con su adversario. A ellos se los acusó por igual de “criminalizar la pobreza”.

El rechazo al nuevo Código llegó a su ápice cuando el 16 de julio de 2004 un grupo de vendedores ambulantes y travestis hicieron una protesta frente a la Legislatura que culminó con destrozos, ocho policías heridos, y veintitrés manifestantes presos. Todos los consultados que participaron de la protesta contra la reforma del Código Contravencional afirmaron que su acción se había reducido a tocar el bombo y cantar frente a la Casa de Gobierno porteña; también concordaron en describir a un grupo de sospechosos. Se trataba, según los relatos, de unos cuarenta hombres que se sumaron a la multitud con la cara tapada y que, en los momentos clave, se comunicaban con handies con el interior del edificio. También denunciaron al encargado de la seguridad de la puerta de la Legislatura, conocido como uno de los jefes de la barra brava del club Boca Juniors, el equipo de fútbol que presidía el impulsor del nuevo Código, Mauricio Macri. Esta situación es parecida a varias observadas en algunas marchas por Cromañón. Muchos de los que resultaron encarcelados eran vendedores ambulantes que ocasionalmente estaban en el lugar. Quince de ellos fueron procesados por “coacción agravada e incitación a la violencia pública contra las instituciones”, figura que podía significar una pena de cinco a quince años de prisión. Estuvieron presos y sin condena durante más de un año, hasta que los reclamos a partir de los hechos de Cromañón impulsaron un cambio de calificación que posibilitó su excarcelación.



Cromañón comenzó a sacar a la luz algo que la operación mediática blumberguiana había ocultado: la angustia flotante en la población raya con la desesperación, pero no hay un referente único que pueda canalizarla; la angustia no se plasmó en una resistenciaorganizada de manera monolítica.

Al compás de las marchas, los grupos políticos opositores increparon, al jefe de Gobierno porteño y analizaron los hechos en términos puramente individuales. Tal era el caso de Mauricio Macri, el empresario y líder político, que había apoyado las iniciativas blumberguianas de “mano dura”; él reactivó el discurso en el cual la decisión política se presenta como intervención moral, diciendo que es función del Poder Ejecutivo porteño “sacar a la población de la angustia”. De este modo interpelaba

a analizar los actos de gobierno en términos psicológicos y morales. Sostenido en esta interpelación, su grupo, aliado tácticamente a todo el arco opositor, comenzó a impulsar el juicio político al jefe de Gobierno.



El objetivo que aparentaba ser común a todos los presentes era apoyar el juicio político al jefe de Gobierno porteño. A la reunión, convocada por un grupo de padres de las víctimas, concurrieron los más destacados representantes de partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda que pocos meses antes había sido expulsada de las marchas. Desde el escenario, el único orador fue Iglesias, quien agradeció con vehemencia la presencia de todos los políticos y de representantes de organismos de derechos humanos. Su discurso fue claro; expresaba de manera impecable –sabiéndolo o no– el núcleo mismo de la accountability social: “No pedimos el linchamiento de Ibarra, pedimos el juicio político con todas las garantías que para su desarrollo

estatuye la Constitución”, dijo. “Lo que pedimos es que se haga justicia, no sólo penal, sino también política, porque la ausencia de justicia política ha hecho que la sociedad traslade todas las demandas de justicia al Poder Judicial, y los políticos tienen que hacerse cargo a la hora de condenar a los funcionarios corruptos. Lo que nosotros les pedimos a todos es que les den prioridad a las razones y no a las conveniencias políticas. Recuerden que un funcionario, y máxime si es jefe de Gobierno, puede no

tener responsabilidad patrimonial, puede no tener responsabilidad penal, pero siempre tendrá responsabilidad política”, finalizó. Pero la accountability social tomó, más allá de las mejores intenciones, un claro signo electoral, pues ocupó el espacio central en la campaña por la elección de legisladores de Buenos Aires en la que finalmente triunfaría en octubre Mauricio Macri, el candidato mimado de los grupos más concentrados del poder. La misma ciudad que cuatro años antes expulsaba al modelo neoliberal, ahora elegía a uno de sus más conspicuos representantes. La estrategia estuvo centrada en la promesa de seguridad: la masacre de Cromañón fue la amenaza presentada constantemente a la ciudadanía.

Campana electoral 1989

El menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes: Bunge & Born, Loma Negra y Pérez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Tonino Macri, el hermano de Franco) con 600.000 dólares, y Bridas con 500.000 dólares. Si seis grupos empresarios aportan casi la mitad de la contribución total, es probable que la oligarquización de la política y del poder en la Argentina supere a la de El Salvador con sus famosas 14 familias. Aquí no pasarían de una docena, y ya se verá de qué modo se cobran sus favores.



En febrero de 1989 Francisco Macri, titular del grupo Socma, convocó a gerentes y directores de las empresas que lo integraban para comunicarles que los grandes grupos económicos habían sido invitados a integrar comisiones de técnicos y políticos, organizadas según las áreas de trabajo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Macri colocó en la Subsecretaría de Planeamiento a Horacio Escofet, ex jefe de gabinete de Terragno y fundador del Instituto de Políticas de Largo Plazo, a quien hizo regresar de Guatemala. También negoció la designación como subsecretario de concesiones del director de Sideco Americana, Carlos Manuel Ramallo, mientras su experto en informática jurídica, Osvaldo Pérez Cortés, fue ubicado junto a Raúl Granillo Ocampo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde se revisan los proyectos de ley antes de someterlos a la firma del Presidente.

La privatizacion de ENTEL

El capital norteamericano no consideraba a la Argentina sitio para una inversión de riesgo, sino para un negocio financiero, que anticipara el cobro en especie de deudas cuyo capital recién vencía el siglo próximo. En cada una de las zonas de ENTel hubo un banco norteamericano, asociado con una o dos empresas estatales europeas y con uno de los mayores grupos locales contratistas de ENTel durante la privatización periférica militar, todos vinculados a su vez con la producción y comercialización de equipos, lo cual desmintió el anunciado propósito de desmonopolizar y desregular. Una subsidiaria de Stet, Italtel, ya era proveedora de sistemas de transmisión a ENTel; una subsidiaria de Telefónica, Sintel, le había vendido la red de transmisión de datos ARPAC; una controlada por Pérez Companc, Pecom Nec, era una de las dos mayores abastecedoras de equipos de conmutación a ENTel; Techint participaba con Italtel y Telettra en la provisión de equipos de transmisión para el proyecto Icatel, había firmado Digi II. France Cables et Radio, asociada de Alacatel, había firmado bajo el gobierno radical un contrato de provisión de líneas a ENTel. Y las constructoras de Pérez Companc y Techint fueron, junto con las de Macri y Siemens, las principales contratistas de plantel externo desde 1977. Con excepción de Siemens, que en el primer momento quedó excluida pero de inmediato comenzó negociaciones para asociarse con los vencedores, todos los responsables de la bancarrota y la ineficiencia de ENTel pillaron su parte del botín. Se verifica aquí el mismo fenómeno que en la macroeconomía, donde la hiperinflación inducida por tres lustros de expoliación del Estado creó las condiciones objetivas y subjetivas para su desmantelamiento.

Sobornos y coimas:

El 16 de marzo de 1981 la revista Time abrió su sección de Economía y Negocios con una nota sobre este tema en la que había una mención especial para la Argentina. Al describir el estilo de coimas en cada país, decía que aquí eran preferidos cuadros posimpresionistas de apreciadas galerías como Wildenstein o joyas que los funcionarios elegían para sus esposas en Ricciardi. Lo más impresionante era el cuadro de los Grandes Receptores de coimas que acompañaba la nota. La Argentina figuraba en primer lugar, con un 20 por ciento sobre los contratos, y la displicente observación: “Los diamantes son eternos”. México ocupaba el segundo lugar: del 15 al 20 por ciento y “Seducción latina”. Seguían Arabia Saudita (del 3 al 15 por ciento, “Alquile un jeque&quotLa mafia de la familia MacriLa mafia de la familia Macri, Malasia (del 5 al 10 por ciento, “Perder al golf’) e Indonesia (del 5 al 10 por ciento, “Todo en familia&quotLa mafia de la familia MacriLa mafia de la familia Macri. La corrupción argentina no nació con la democracia. En aquel momento gobernaban la junta militar de Jorge Videla y su ministro Martínez de Hoz. En los cinco años anteriores a esa publicación había sido clausurado el Congreso, disuelta la Corte Suprema de Justicia, censurada la prensa independiente y no se pensaba convocar a elecciones libres hasta el siglo veintiuno, condiciones óptimas para el florecimiento de la corrupción.

Seis años después, de los diamantes se había pasado al dinero en efectivo. Uno de los pocos casos en los que es posible conocer con detalle los pagos que se realizaron es el del gasoducto Loma de la Lata, entre Neuquén y Buenos Aires, construido por los tres grandes grupos económicos del país: Techint, SADE y Macri, reunidos en el Consorcio Neuba. La financiera cautiva de Techint, Santa María, se encargaba cada mes de recaudar los aportes, proporcionales a la participación de cada grupo en el consorcio, en el que Techint tenía mayoría. Luego la misma financiera pagaba los sobornos, que en las notas internas se identificaban con el eufemismo Prestaciones en sede. La nómina de pagos incluía funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y empresas competidoras excluidas del negocio, para que no protestaran. En total se pagaron por esa obra en el año 1987 más de once millones y medio de dólares. Con exactitud: 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las planillas de Santa María11.527 U$S X 10 a la tercera. Una observación notable que surge de estas planillas es que un alto porcentaje de los sobornos, casi tres millones de dólares, se pagaron en agosto de 1987, es decir en el mes previo a las elecciones del 6 de setiembre. Militares, radicales, peronistas, los corruptos pasan. Los corruptores quedan.



Celulosa Argentina

El citibank se hizo cargo de Celulosa Argentina y de sus emprendimientos Puerto Piray y Alto Paraná en una complicada operación financiera. En Celulosa Argentina invirtió 40 millones de dólares en títulos y comprometió 90 en efectivo. Su participación es del 29 por ciento. Celulosa era el principal deudor del Banco Nacional de Desarrollo. El Citi compró esa acreencia con títulos de la deuda externa y los capitalizó a través de Celulosa. En Puerto Piray, también deudor del Banade, donde aportó 200 millones de dólares en títulos y debería invertir a largo plazo 300 en efectivo, los socios eran el grupo Magneto-Clarín y Macri. Participa en aproximadamente el 20 por ciento. Puerto Piray es una planta integrada en la provincia de Misiones, construida en un 70 por ciento, que producirá pasta celulósica.



Autopistas y rutas

El asesor de Terragno, Rodolfo Perales, reapareció junto a Dromi, esta vez como secretario ejecutivo de la comisión vial del Ministerio, un cargo ad honorem. Pero esta vez no estaba solo. En la licitación de las rutas tuvieron representación los mayores grupos de la Patria Contratista. Por el grupo Macri, intervinieron Horacio Escofet, el director de Sideco Carlos Manuel Ramallo, su apoderado Guillermo Fanelli Evans y Roberto Righini; por Sade, el secretario de Obras Públicas Rodolfo Barra, y por Techint el mismísimo Roberto Sammartino, quien por supuesto fue el único que no figuró con una designación formal. Allí se acordó que la mitad de los kilómetros se adjudicaran a los mayores contratistas (22 por ciento Benito Roggio, 17 por ciento Macri, 11 por ciento Techint) y el resto se prorrateara entre los menores.

De las cuestiones técnicas de las licitaciones se encargaría el reconocido experto Mario Guaragna, quien durante la intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore intervino en la adjudicación de las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno, un modeló de vaciamiento del patrimonio público. La Unión Transitoria de Empresas Autopistas Urbanas Sociedad Anónima las construyó en la segunda mitad de la década del 70 con créditos externos. Para obtenerlos recibió avales municipales por 973,9 millones de dólares. AUSA fue así el tercer mayor deudor externo de la Argentina.

Al poco tiempo adujo que la explotación por peaje no resultaba rentable, reclamó que el municipio la subsidiara y, ante su negativa, no pagó los préstamos contraídos. El Tesoro de Buenos Aires debió hacerse cargo de ellos, mientras los concesionarios seguían cobrando la tarifa más cara del mundo, de unos 3 dólares por menos de 20 kilómetros. A raíz de ello las partes se demandaron recíprocamente ante la Justicia. En 1985 un dictamen del procurador general de la Municipalidad advirtió que el juicio por los mil millones de dólares, irrogaría descomunales honorarios de peritos, con independencia de su resultado, es decir, así ganara la Municipalidad.

Barra fue uno de los negociadores por las empresas del fantástico convenio por el cual la Municipalidad se hizo cargo de aquel pasivo y permitió que el consorcio continuara la explotación de la autopista por cinco años más. Como la Municipalidad no estaba en condiciones de asumir esa deuda, la transfirió a su vez a la Nación, que le embargó a cambio los recursos por coparticipación federal. El Ministerio de Economía se encontró de buenas a primeras con una deuda adicional que ni siquiera tenía un respaldo documental claro, y en el verano de 1986 sus funcionarios se pusieron en contacto con los bancos prestamistas para averiguar los montos comprometidos, procedimiento que define el estado de indefensión de la sociedad argentina, en su isla rodeada de tiburones. Son muy insistentes las versiones, nunca documentadas, sobre el desvío de fondos de las autopistas para emprendimientos bélicos de la Fuerza Aérea.

En 1991, cuando los cinco años del segundo contrato ya habían vencido largamente, la Municipalidad volvió a prorrogarlo y sin nueva licitación dejó las autopistas en manos de aquellas empresas, asociadas ahora con Sideco, del grupo Macri, sin norma alguna que lo autorizara. Este es otro indicio de la prolongación de la dictadura y sus efectos mucho más allá de su alcance cronológico. Autor de Concesión de obra pública por peaje, Barra no sólo actuó como abogado del consorcio. También era uno de sus propietarios, con 358.239 acciones. Intendente municipal responsable de esta renegociación: el ex gerente general del grupo Macri, licenciado en letras y ex seminarista Carlos Grosso.

Para entregar en concesión fueron seleccionadas las arterias caudalosas y cortas, y muy pocos kilómetros de red que llegaran hasta los puntos extremos del país. Las rutas licitadas representaban el 25 por ciento de la extensión total de la red, pero concentraban la mitad de su tránsito, con una alta densidad de camiones, lo que aseguraba el 66 por ciento de la recaudación. Los pliegos se prepararon de apuro y fijaron un exiguo plazo de sesenta días para la concesión de nada menos que 9.800 kilómetros de rutas nacionales que no necesitaban ni mínimas reparaciones, por los que circulaban en promedio 565 autos por hora, a concesionarios a los que además se les cederían para su mantenimiento las máquinas de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los pliegos establecían que la percepción del peaje sólo comenzaría cuando el concesionario finalizara las obras mínimas estipuladas para la mejora del camino. Pero ante la salta de control sólo Techint colocó las cabinas de cobro una vez que terminó las obras de ingeniería en sus corredores de las rutas 7 y 8. Los demás concesionarios empezaron por la construcción de las casillas para el cobro del peaje.

Según el plan original, para el primer año las inversiones necesarias se ubicaban en los 106 millones de dólares y los ingresos previstos rondarían los 400 millones de dólares. El valor de la tarifa era de 1,5 dólares por cada 100 kilómetros, pero igual que en el caso de los teléfonos las cláusulas indexatorias contenidas en los pliegos la incrementaron en forma descomunal.

El 90 por ciento de las inversiones sería financiado por los usuarios y apenas el 10 por ciento de la recaudación era necesario para el mantenimiento. El resto sería ganancia. Los expertos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de Buenos Aires demostraron que las utilidades de los concesionarios serían entre el 300 y el 1.300 %.

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Socma Inversora S.A., es decir, el grupo Macri, asociado a Fiat, el tercer gran triunfador. El endeudamiento externo de sus empresas Sideco Americana, Pluspetrol, Socma, Iecsa, RSZ y A. Producciones y Manliba sumó 170,5 millones de dólares, y el de su empresa Sevel, que al momento de endeudarse era propiedad de la italiana Fiat, de 124 millones. Entre ambas se acercan a los 300 millones de dólares. Proyectos presentados por sus empresas Fenargen e Itron fueron aprobados para recibir subsidios de promoción industrial por 55 Millones de dólares. Sevel participó con 32 millones de dólares en 1989 en el ranking de los exportadores industriales. Capitalizó deuda por 84 millones de dólares, entre Sevel, Sideco Americana y Establecimiento Mecánico Jeppener.

Su constructora Sideco Americana se adjudicó a través de Servicios Viales S.A la concesión por peaje y subsidio de 1.080,51 kilómetros de rutas nacionales, el 11 por ciento del total. En el Grupo I ganó los corredores 7, 8 y 9. El Corredor 7, por la ruta 9 desde la salida del puerto de Campana hasta el empalme con la ruta nacional A-012, y por ésta, desde alto nivel sobre ruta nacional 9 hasta empalme con ruta nacional 9, Rosario a Roldán. El corredor 8 en la ruta nacional 11, desde el empalme con la segunda circunvalación de Rosario hasta el empalme con la ruta nacional 16 y en la ruta A-009 desde Puerto Reconquista hasta el empalme con ruta 11. El Corredor 9, en la ruta 33, desde su empalme con la ruta nacional 7 hasta el empalme con la ruta A-012.

Sus negocios en la Capital Federal merecen capítulo aparte, por la preeminencia lograda durante la gestión como intendente de uno de sus máximos directivos, La relación de su empresa Manliba con la Municipalidad de Buenos Aires fue motivo de investigación parlamentaria. La comuna renunció a someter a arbitraje los incumplimientos de Manliba, se avino a pagar sin apelación 56 millones de dólares por reajuste de un contrato vencido, y lo prorrogó por cinco años sin licitación. El diputado nacional Carlos Alvarez se ha cansado de denunciar que ello ocurrió mediante sobornos a los concejales, sin que la empresa o el municipio lo desmintieran. Sideco también se asoció en la explotación de las autopistas urbanas de la Capital, con contrato vencido y sin licitación, en la forma irregular que se describe en el capítulo anterior.

Es uno de los aspirantes a la red de acceso de vías rápidas de tránsito.

Ganó las licitaciones para el arreglo de calles y veredas en el plan de mantenimiento urbano, en las zonas 6 (Microcentro, Barrio Norte) a través de Sideco Americana; 7 (Caballito-Flores), en asociación con Polledo y Conevial. También es concesionario del sistema de informatización y gestión de cobro de la Direción General de Rentas de la Municipalidad en consorcio con Itaco, TTI, Arthur Andersen y Banca Nazionale del Lavoro.

Aspira a las redes de acceso a Buenos Aires (junto con Techint, Sade, Roggio y Aragón) y de acceso a Rosario.

Obtuvo la concesión de los servicios de Obras Sanitarias en la provincia de Corrientes.

Macri también presentó a través de Sideco una oferta por el ferrocarril Mitre, en la que el operador es Iowa Railways, el mismo que integra con Techint el Ferroexpreso Pampeano, y que al mismo tiempo acompañó a Pescarmona en una presentación por el San Martín.

Es candidato al puerto de Quequén.

Macri tenía actividad en petróleo, en el área chaqueña Saenz Peña del Plan Houston. En las licitaciones convocadas por YPF en 1990 su oferta por el área central Vizcacheras, asociada con la estatal italiana Agip, fue la única excluida de la precalificación.

Deuda Externa Argentina – Deuda del Grupo MACRI

Cuando Cavallo estuvo al frente de Banco Central en 1982, decidió nacionalizar la deuda externa argentina, incluyó las deudas de las empresas como por ej: El Grupo MACRI.

Mas adelante llego, el Plan Brady de renegociación de los 31.000 millones de deuda externa comercial. Cavallo decia que la deuda externa en el año 2000 iba a ser de 53 millones si Argentina ingresaba a este plan. Se equivoco muy probablemente a sabiendas pues llegado el 2000 la deuda ascendio a 177.000 millones de dolares. Luego vino el Megacanje, pero ese ya merece otro capitulo.

Estos planes de la deuda publica y privada se hicieron violando la ley.

La correcta interpretación del art. 65 de la ley 24.156, es que el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a reestructurar la deuda, siempre y cuando, mejore su monto a valor actual o presente neto (VPN) y se obtengan mayores plazos, o se acorten los mismos, reduciéndose sus intereses, cosa que de entrada no cumplió el canje de los bonos Brady, ni tampoco el cuestionado megacanje.

Los avances de la investigación en el caso judicial de la deuda externa privada.

De acuerdo con lo que surge de la causa 17718 expte 9147/98 JUZGADO FEDERAL N2 CF, Olmos Alejandro, s/defraudación contra la administración pública cuyo objeto procesal es investigar la deuda del sector privado y la negociación y administración de la deuda externa argentina desde 1983 se han observado importantes avances a partir de la declaración de funcionarios del BCRA que participaron en la investigación de la deuda externa privada, que resumimos a continuación:

La declaración testimonial de los auditores del denominado Cuerpo de Inspectores

de la Deuda Externa, creado en mes de agosto de 1984 con el objetivo de verificar la deuda externa del sector privado, confirman y amplian gruesas irregularidades detectadas. Las empresas endeudadas lograr una sustancial reducción de su pasivo – ya que el BCRA le recompra títulos de la deuda externa argentina a un precio superior al que lo adquirieron- a cambio de una inversión genuina adicional. Por otra parte los bancos logran recuperar parte de su cartera inmovilizada.

Entre la empresas beneficiadas por este gracioso régimen se en cuentan algunas de las que el cuerpo de auditores de la deuda externa cuestionaba: Cargill, Impsat, Alpargatas, MACRI, etc.

GRUPO FIAT ISIN S.A

Hay quienes no creen que los fantasmas existen. Los grupos económicos de la

oligarquía y las transnacionales, demostrando que no hay razones para dudar de su existencia, sacaron a la luz y dieron cuerpo a una interminable cantidad de empresas fantasmas destinadas a realizar suculentos negocios.

Este es por ejemplo el caso de ISIN S.A, que constituyó en diciembre de 1981 con un capital equivalente a dos australes. Como en las historias de fantasmas, el propietario de la empresa era el conde Santiago Argentino Ratazzi.

Los investigadores del BCRA, dispuesto a descubrir qué hacen los fantasmas en este mundo, observaron que pocos días después de su aparición, la firma obtuvo un préstamo de Impresit Sideco S.A –del grupo MACRI, asociado a la Fiat- para ser utilizado en la adquisición de acciones de la misma empresa.

En marzo de 1982, por gestiones del conde Ratazzi, ISIN S.A, obtuvo del Banco del Gottardo –Lugano, Suiza-, un préstamo por 15.300.000 dólares, que también fue utilizado para la compra de acciones de Impresit Sideco S.A.

A los tres meses de efectuada esta última operación, junio de 1982, la totalidad de las acciones adquiridas a Impresit Sideco con ambos préstamos obtenidos por la empresa fantasma, fueron transferidos al Sr. Francisco MACRI en 15.750.000 dólares, según consta en la memoria y balance al 31.12.82.

En septiembre de ese mismo año, el Banco de Gottardo cedió el crédito a cobrar que tenía con ISIN S.A, a favor de la Cía. Americana de Obras Civiles S.A –CADOCSA- de Panamá. Ahora bien, resulta que CADOCSA es integrante del grupo empresario Impresit Internacional B.V. lo cual surge la nota dirigida por Impresit Sideco S.A con motivo de la verificación realizada por los inspectores en esta empresa.

De lo dicho se desprende entonces que le grupo CADOCSA- Impresit financió al

fantasma ISIN S.A, la suscripción de acciones de Impresit Sideco S.A, repitiéndose la situación descripta más arriba –préstamo Impresit Sideco a ISIN-, acciones que a la sazón habían sido transferidas en cabeza de una persona física –no un fantasma-, el Sr. Francisco MACRI.

A esta altura del relato, es importante resaltar que el préstamo otorgado por

15.300.000 dólares ISIN SA, no tenía avales ni garantías de ningún tipo a pesar de que la empresa carecía de capital –apenas A2 del cuál se habían integrado A0.50-. Sin embargo, el acreedor no tomó ningún recaudo por si n o le pagaban, lo que cualquier humano puede considerar algo sin sentido, pero tratándose de fantasmas es lógico que hasta las transnacionales se vuelvan rara en su conducta. Por si esto fuera poco la operación carecía del contrato de mutuo que las respaldara y luego fue transferida a CADOCSA, empresa del grupo, a pesar de que INSIN SA. , sostenía no estar vinculada a ella.

Finalmente, en diciembre de 1982, ISIN SA. , cedió a FIAT Concord SA., el crédito que mantenía con Francisco MACRI por las ventas de acciones de Impresit Sideco SA., que ascendía, como hemos señalado a 15.750.000 dólares. Fiat Concord se hizo cargo de la deuda que ISIN mantenía en el exterior con CADOXA, por 15.300.000 dólares, más sus intereses y cargas – según nota de ISIN y aceptación por Fiat Concord- . Esta operatoria implicó la transferencia a Fiat Concord de prácticamente de la totalidad del activo y pasivo de la firma fantasma. Nótese además, que siendo similares los importes en moneda extranjera transferidos, se trasladaron también los beneficios del

infaltable seguro de cambio que había contratado ISIN para que el Estado subsidiara esa deuda.

Los inspectores consideraron que la deuda externa declara por ISIN debía ser dada de baja por encontrarse encuadrada en el punto 1 de la resolución 340, por cuanto

a- Aparece confusión de la calidad de deudor y acreedor a través de indicios graves, precisos y concordantes.

b- La operación ha sido realizada fuera de las prácticas de mercado generalmente aceptadas – préstamos sin interés, falta del contrato mutuo, inadecuado patrimonio del deudor para obtener el préstamo, etc.-, que indican claramente que se trataba de operaciones realizadas por el mismo dueño.

Bastaba demostrar las vinculaciones existentes entre Fiat Concord y CADOSA y entre ISIN y Fiat Concord, y los inspectores lo hicieron claramente.

En relación con la primera de las vinculaciones, señalaron que CADOSA –Impresit ofreció a Fiat Concord – ISIN- en dos oportunidades bonos externos de la República Argentina por un valor de 793.098 dólares y 5.546.003 dólares en préstamos sin cobrar intereses, según consta en notas detectadas al realizar la indagatoria a Fiat Concord.

Por otra parte, en nota de CADOCSA en poder del BCRA, figuraba como domicilio Apartado 850, Panamá I, República de Panamá. No por casualidad esta dirección fue consignada por Fiat Disel SA. en su presentación, también al BCRA, a través de la fórmula 5003 N20.335, como domicilio de la firma Marketing and Management Service Corps –MMS-, vinculada a aquella según constaba en el mismo formulario.

Para terminar con esta telaraña, señalaron los inspectores que, según documentos entregados al BCRA, Fiat Diesel estaba vinculada Fiat Concord SA. y ésta a ISIN SA.

En otras palabras, todas las citadas, incluía a la fantasma , eran de un mismo dueño, esto a pesar de que ISIN, como lo indicamos má s arriba, decía no estar vinculada al acreedor, CADOCSA SA. , en la declaración jurada de su deuda.

Al respecto, los inspectores ampliaron su documentación con los siguientes datos:

a- Dos de los miembros de directorio de ISIN SA. –Dr. Pablo Sabatini y Dra. Angela Macchi de Afeltra- eran directores de Fiat Concord SA.

b- Los miembros de la Sindicatura de Fiat y de ISIN SA. eran el Dr. Alfredo Lisdero y los integrantes de su estudio, a quienes estaba vinculado profesionalmente el Dr. Alfetra.

c- El domicilio de ISIN era del Dr. Lisdero, quién manejaba los aspectos contables de Fiat en Argentina.

………………………….

Dentro de lo que se refiere a lo verificado a Eucaliptus dentro del relevamiento de la deuda externa practicado al 31 –10-1983 aparecen numerosas empresas vinculadas a los distintos grupos económicos que conformaban el Banco de Italia y Rio de la Plata, siendo ellos los grupos Gotelli, Mayer, Herlitzca, MACRI, observándose el significativo endeudamiento externo que las mismas representaban…..un total de treinta y ocho empresas vinculadas y un total de U$S 261.636.000 de endeudamiento externo a través del BIRP.

Grupo Macri segun Wikipedia

El Grupo Macri es uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina. Su nombre se debe a Franco Macri, el empresario que lo creó y lo lidera. El grupo posee empresas en Argentina, Brasil y Uruguay. Las empresas que lo integran están relacionadas principalmente con las actividades de construcción, industria automovilística, correo, recolección de basura e industria alimenticia. Ha recibido críticas por sus tratos con los gobiernos, incluso durante las dictaduras establecidas en la Argentina, atribuyéndole en algunos casos haber realizado actividades ilegales relacionadas con la corrupción, identíficándolo con el término de “patria contratista”. El Grupo Macri está estrechamente relacionado con el Grupo SOCMA (Sociedad Macri). Mauricio Macri, elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007, es hijo del líder del grupo y ha ocupado diversos cargos directivos en la empresas que lo integran.

La facturación del grupo alcanzaba a 2.300 millones de dólares en 1999.

Entre los grupos y empresas que integran el Grupo Macri se encuentran:

Construcción e inmobiliaria:

Argentina: Sideco Americana, Creaurban, IECSA

Brasil: Civilia Engenharia

Industria automovilística:

Argentina: Sevel Argentina

Uruguay: Sevel Uruguay

Recolección de basura:

Argentina: Manliba, Qualix. En 2002 el Grupo Macri se asocia con el Grupo Mauro para gestionar varias empresas del rubro como Ecol S.A., Transmetro S.A., Aseo S.A., Lodimet S.A. (ex Manliba), Saframa S.A.

Correo, transporte, comunicaciones y concesiones estatales

Argentina: Movicom (transformada en Movistar), Pago Fácil, SHIMA (Ferrocarril Belgrano Cargas), Correo Argentino (perdió la concesión en 2003), Autopistas del Sol, MacAir (operador de Aerochaco, Sur Líneas Aéreas, Líneas Aéreas de Entre Ríos -LAER-), Itron.

Industria de la alimentación

Argentina: Canale (vendida en 1999 a Nabisco),

Brasil: Adria, Frigorífico Chapecó (vendido en 2002), Basilar, Isabela y Zabet.

Uruguay: Adria

Minería

Argentina: Minera Geometales, Grupo Galileo (GNC)

Mauricio Macri segun Wikipedia

Mauricio Macri (nacido en Tandil, Argentina; el 8 de febrero de 1959) es un empresario, dirigente deportivo, ingeniero civil y político argentino de centroderecha. En 2007 fue elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2011.

Mauricio Macri es hijo de Franco Macri, líder del Grupo Macri-SOCMA, uno de los más importantes grupos económicos del país, que ha desarrollado actividades en el sector automovilístico (Sevel), la construcción (Sideco), la basura (Manliba), el correo (Correo Argentino, Pago Fácil), la comunicación (Movicom), la minería, etc., ocupando posiciones directivas en diversas empresas del grupo.

Desempeñó durante 12 años (1995-2007) el cargo de presidente del Club Atlético Boca Juniors. Por un fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ), nuevamente y de manera temporal asumió la presidencia del Club Atlético Boca Juniors, desde el 27 de febrero hasta el 1 de junio de 2008, cuando ya había asumido el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2003 fundó el partido Compromiso para el Cambio (integrante de la alianza Propuesta Republicana), que preside desde entonces. Se desempeñó como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2005-2007, interrumpiendo su mandato para dedicarse a la campaña electoral para Jefe de Gobierno porteño, que finalmente ganó.

Obtuvo el título secundario de bachiller en el Colegio Cardenal Newman y el universitario en la Universidad Católica Argentina.

Su experiencia laboral se inició en la empresa Sideco Americana S.A., especializada en obras civiles, desempeñándose durante tres años como analista junior y posteriormente como analista senior.

En 1984 cumplió tareas en el Departamento de Crédito del Banco Citibank de Buenos Aires. En el mismo año se incorporó a Socma, compañía que sintetiza la acción empresaria de las sociedades del Grupo Macri y desde 1985 en adelante se desempeñó como su gerente general.

En 1992 ocupó la vicepresidencia en Sevel, empresa automotriz, haciéndose cargo de la presidencia en 1994. Como ejecutivo de Sevel fue procesado por contrabando agravado, acusado de una maniobra en la que las empresas del grupo presuntamente estafaban al estado argentino exportando a Uruguay autopartes y volviéndolas a importar. La empresa insistió en que todas las operaciones fueron realizadas con conocimiento de la aduana y autorizadas por ella, previa consulta. Los jueces de la Corte Suprema Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, que se encargaron de la causa de contrabando que involucró a Mauricio Macri fueron suspendidos, posteriormente destituidos de su cargo y sometidos a juicio político acusados de mal desempeño en sus funciones; entre ellas por “Obstruir el proceso legal, respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay, en los autos “Macri, Francisco y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando”. A pesar de la acusación, finalmente el Senado argentino rechazó las tres causas de corrupción judicial que involucraban a Mauricio Macri; aunque los jueces destituidos fueron encontrados culpables en otras causas dentro del mismo juicio político.

Si bien Macri era ya conocido por su actividad empresaria, adquirió gran notoriedad pública al presidir el Club Atlético Boca Juniors desde 1995.

Actividad política

A comienzos de 2003 fundó el partido Compromiso para el Cambio, siendo también designado presidente del mismo y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el partido Compromiso para el Cambio, llevando como candidato a vicejefe de gobierno a Horacio Rodríguez Larreta. En primera vuelta obtuvo el 37,55% de los votos, mientras que la fórmula oficialista integrada por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Telerman obtuvo el 33,54%. Como para acceder al cargo se necesita la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, la elección se decidió en una segunda vuelta entre las fórmulas “Macri – Rodríguez Larreta” e “Ibarra – Telerman”. La fórmula del entonces jefe de gobierno obtuvo el 53,48% de los votos y la de Mauricio Macri el 46,52%, produciéndose la reelección de Aníbal Ibarra.

En 2005 creó junto con Ricardo López Murphy, presidente del partido Recrear para el Crecimiento, la alianza electoral de centroderecha Propuesta Republicana, para la cual el publicista Ernesto Savaglio acuñó el nombre PRO. Se presentó como candidato a Diputado Nacional en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, compitiendo contra Elisa Carrió y el oficialista Rafael Bielsa. En esta elección Macri obtuvo el 33,9% de los votos, mientras que Elisa Carrió obtuvo el 21,9% y Rafael Bielsa el 20,3%. Durante el año 2006 alternó su actividad como diputado en el Congreso Nacional con la presidencia de Boca Juniors. Se le criticó su poca asistencia a las votaciones, a lo que respondió que (el Congreso) “Es un sitio en el que no se debaten ideas”.

En 2007 Macri aspiraba a ser candidato presidencial en un espacio que compartiría con el gobernador neuquino Jorge Sobisch. Esta idea entraba en conflicto con la alianza celebrada previamente con Ricardo López Murphy quien había decidido presentarse como candidato a presidente y que había denunciado a Sobisch por corrupción presentando una cámara oculta en la que Sobisch ofrecía soborno al diputado radical Jorge Taylor Con motivo del asesinato del docente Carlos Fuentealba durante un corte de ruta la imagen de Sobisch resultó muy dañada, y Macri buscó despegarse rápidamente de él. Todo este conjunto de situaciones precipitó su decisión de abstenerse de trabajar en pos de una candidatura nacional, y postularse para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Jefatura de Gobierno

El 3 de junio de 2007 se celebró la primera vuelta de las elecciones a jefe de gobierno porteño. En ella, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti superó el 45,6% de los votos, seguida por la lista Daniel Filmus-Carlos Heller (23,7%), del Frente para la Victoria. En tercer lugar se ubicaron el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman y su compañero de fórmula Enrique Olivera (20,7%). Tres semanas más tarde, el 24 de junio, se celebró una segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas y Macri se impuso con un 60,9% de los votos, contra 39,04% de Filmus. Juró junto a su vicejefa Gabriela Michetti, el 9 de diciembre de 2007, asumiendo formalmente un día después. El mandato dura cuatro años.

Acción de gobierno

Despido de empleados y conflicto sindical

Una de las primeras medidas adoptadas por Macri fue el despido de 2.400 empleados de la ciudad a los que no se les renovaron sus contratos, afirmando que se trataba de “ñoquis” (empleados que no se presentan a prestar servicios). La medida llevó a un conflicto sindical, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA-CGT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), declararan huelgas y movilizaciones en protesta por la medida. Como contramedida, Macri dispuso la intervención gubernamental de la obra social (sistema de salud) de los trabajadores de la ciudad.

Reasunción como presidente de Boca Juniors

El 27 de febrero de 2008, Macri asumió la presidencia del club Boca Juniors, debido a que las elecciones internas habían sido anuladas por fraudulentas y la justicia ordenó que reasumieran el cargo las autoridades anteriores, entre las cuales se encontraba Macri, como presidente. La decisión de Macri de asumir efectivamente la presidencia del club, desempeñándose simultáneamente como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue criticada por varios diputados y referentes de la oposición, destacando que el artículo 98 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe el ejercicio de otro cargo, para el jefe de gobierno. Macri justificó su conducta diciendo que se trataba de la orden de un juez que él debía obedecer.

Política de seguridad

Luego de algunos meses de negociaciones con el gobierno nacional, acerca del traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, no se llegó a un acuerdo y Macri decidió crear una Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, el 17 de marzo de 2008, integrada inicialmente por unos 15.000 agentes. El gobierno anunció que la Policía Metropolitana comenzaría a actuar en el curso de 2008. A fines de septiembre de 2009 el gobieno informó que el inicio de las actividades de la Policía Metropolitana estaba demorada y que el primer grupo de agentes en entrar en funciones serían unos 40 agentes destinados a controlar a los vendedores ambulantes, y que en 2009 sólo entrarían en funciones unos 250 policías, dedicados principalmente a controlar el tránsito. El Ministro de Seguridad informó también que la Policía Metropolitana funcionaría inicialmente con dos comisarías, una para la zona norte y otra para la zona sur.

El 26 de septiembre de 2009 se develó que el gobierno de Macri tenía una deuda de $36.000.000 debido a la falta de pago de las remuneraciones de unos 1700 agentes de policía solicitados por la Ciudad de Buenos Aires al gobierno nacional para custodiar edificios y funcionarios públicos.

Polémica por la designación del Jefe de Policía

El 3 de julio de 2009 Macri designó como primer jefe de la Policía de la Ciudad a Jorge el fino Palacios.

Palacios es un ex comisario de la Policía Federal Argentina, que fue dado de baja en 2004 de esa fuerza por las grabaciones que se descubrieron en la que mantenía conversaciones telefónicas con uno de los imputados en el secuestro de Axel Blumberg, sin conocimiento de sus superiores.

Palacios también tiene otros antecedentes penales, que lo relacionaron como encubridor con el atentado terrorista contra la AMIA de 1994, y los homicidios cometidos por la represión policial en las cercanías de Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, en circunstancias en las que el policía se hizo presente sin órdenes que los justificaran, llegando a ser procesado en la causa. Funcionarios del gobierno de Macri explicaron que Palacios había sido sobreseído en la causa de los homicidios de Plaza de Mayo y el secuestro de Blumberg. Respecto de su situación en el atentado terrorista contra la AMIA, aclararon que no existía ninguna imputación en la misma, donde sólo había declarado como testigo. En sentido contrario la prensa ha informado que al momento de su designación, el fiscal de la causa AMIA había pedido el procesamiento de Palacios por alertar a los empresarios textiles Kanoore Edul de un inminente allanamiento; a su vez Kanoore Edul es la empresa contratada por el gobierno de Macri para proveer los uniformes de la policía.

La designación de Palacios fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos como la de los familiares del atentado contra la AMIA y las Madres de Plaza de Mayo. Macri defendió a Palacios y desestimó las críticas atribuyéndoles una “intencionalidad política”.

Palacios mantiene una relación muy cercana a Macri, debido a que jugó un papel muy importante en el secuestro que éste último sufrió en 1991 y también en el que sufriera su hermana Florencia en 2003.

El 25 de agosto de 2009, menos de dos meses después de su designación, Palacios renunció. Poco más de un mes después, el 1 de octubre, fue procesado por encubrir el atentado terrorista contra la AMIA de 1994, donde efectivamente se encontraba imputado.

Escándalo por espionaje a ciudadanos

En octubre de 2009, Sergio Burnstein, uno de los líderes de la comunidad judía que había liderado la oposición contra el nombramiento de Fino Palacios como Jefe de Policía, debido a sus conexiones con el atentado terrorista a la AMIA de 1994, denunció judicialmente que estaba siendo espiado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Poco después, la justicia verificó que en efecto, Burnstein estaba siendo espiado por una banda de la que formaría parte Fino Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro, un abogado de la policía Federal que se desempeñaba para el Ministerio de Educación de Buenos Aires (Ciro James), dos jueces de la Provincia de Misiones, entre otros.

La investigación reveló que el espionaje abarcaba a líderes opositores e incluso dirigentes del propio partido de Macri, así como empresarios, sindicalistas y familiares del propio Jefe de Gobierno, ya que los espías habían intervenido ilegalmente el teléfono de su cuñado, un parapsicólogo que había sido amenazado por el padre de Macri, el industrial Franco Macri. En diciembre de 2009 fueron detenidos por este caso el Fino Palacios, Osvaldo Chamorro y Ciro James, a la vez que debió renunciar el Ministro de Educación Mariano Narodowski, asumiendo dicho cargo el escritor Abel Posse.

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