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El derecho del delincuente a matar

Si los asaltantes que el 13 de septiembre pasado ingresaron armados a la carnicería de Daniel Oyarzún en Zárate y dispararon dos veces en la huida hubieran dado en el blanco, el caso y el carnicero ya estarían olvidados. Ni hablar de Lino Villar Cataldo, el médico paraguayo que mató al ladrón que lo asaltó –armado- en la puerta de su consultorio en Loma Hermosa, San Martín. De haber sido al revés, nadie se acordaría ya de él. No sería siquiera un número en los índices porque ni estadísticas del delito tenemos.

De hecho, el olvido es lo que le espera a Mabel Da Rocha, la mujer de 52 años asesinada -¡a puñaladas!- el sábado a la noche, en un asalto a su almacén, en Merlo. Con ella los delincuentes ejercieron su derecho a matar. Ella, con suerte, tendrá derecho a un día en la crónica policial. Y a otra cosa.

Es curioso que, entre los muchos derechos que la administración anterior se jacta de haber ampliado, no esté incluido el del delincuente a matar. Un derecho claramente instituido en la última larga década, considerando la naturalidad con la cual fue recibida la dosis letal diaria de violencia delictiva de estos años.

Un derecho que ha sido incluso teorizado por los representantes de cierto progresismo que ven en el delincuente no un victimario sino una víctima de la sociedad que no le ha dado oportunidades. Por lo tanto, al delinquir, éste está actuando como un justiciero. En el imaginario de esta tendencia, las víctimas del delito son “blancos”, ricos, egoístas, explotadores, etcétera, que no merecen compasión. Algo que claramente desmienten la condición socioeconómica y la historia de las tres víctimas mencionadas al comienzo de este artículo. Pero la ideología es muy útil para enmascarar la realidad.

El derecho del delincuente a matar ha sido también teorizado por ciertos jueces que en sus fallos llegan al extremo de declarar a la víctima, a la persona asesinada, corresponsable de su propio homicidio. En el caso del asesinato del joven Ezequiel Agrest, ocurrido el 8 de julio de 2011, en una entradera en Caballito, a los jueces no les tembló la mano para escribir que “la inesperada resistencia opuesta por Ezequiel Agrest fue la desencadenante de un cambio en el curso causal de los acontecimientos, que desvió el destino originario de los mismos y transformó lo que era un hecho de robo con armas en una tragedia inesperada y no deseada” (sic).

El criminalista Elías Neuman, fallecido en 2011, llegó a tipificar las conductas de las víctimas. En una entrevista con el diario Perfil, el 29 de noviembre de 2009, explicó que existen víctimas “normales” y otras “coadyuvantes, colaboradoras”. “¿Colaboradoras con el crimen?”, preguntó el periodista. Respuesta: “La víctima que insulta a quien la ataca, que no entrega el automóvil, que no preserva su vida en esos momentos, bueno, coadyuva con el crimen”.

Que el ciudadano de a pie deba llegar al extremo de armarse y hasta matar en defensa propia es una verdadera tragedia. Pero no se puede debatir sobre los límites y excesos del derecho a la defensa como si éste fuese un país donde los poderes públicos cumplen con su función normalmente y algunos inadaptados eligen hacer su propia ley.

Para conocer realmente un país, hay que leer las páginas policiales de los diarios: allí se refleja el verdadero estado moral y social de una sociedad. Los que sostienen que el delito se debe exclusivamente a un problema de (in)justicia social deberían reflexionar sobre el porqué de lo poco que la década que creen ganada ganada ha incidido en la reversión de este flagelo.

El problema no tiene una sola causa. Tampoco un solo responsable. Si alguien resalta las carencias sociales y la desigualdad, no podemos negar que tienen incidencia. Si se evoca la descontrolada proliferación de la droga, menos aun. Si se habla de la desidia, la corrupción y la ineficacia de las autoridades, tanto civiles como policiales, debemos coincidir. Tuvimos, tenemos, todos esos problemas. Y un Estado en fuga que, ahora, pareciera querer dejar de estarlo. Al menos en el discurso.

Recordemos entonces lo que -hace ya más de 70 años- nos dijo José Ortega y Gasset: “¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!”. Y seguía así: “Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos”.

Dejemos de lado el cinismo, la hipocresía, la demagogia. Dejemos de discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina, si la injusticia social o la anomia moral en que hoy vivimos. Si es herencia, y de quién. Debemos reordenar las prioridades, en función de los valores. El primer derecho es el derecho a la vida, no el derecho a matar. Sin embargo el segundo parece con frecuencia mucho más garantizado que el primero.

Este problema es demasiado complejo como para no convocar todas las voluntades, reunir todos los recursos y aprovechar todas las inteligencias. Es a largo plazo, pero de una vez por todas se debe ir “a las cosas”. De lo contrario, pasaremos del negacionismo al declaracionismo, pero el resultado no cambiará: habrá más muertes, cotidianas, gratuitas, evitables.

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