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Derecho a la vida

El aborto es una manera de terminar un embarazo.positivo Algunas veces, un embrión o feto deja de desarrollarse y el cuerpo lo expulsa naturalmente, lo que se conoce como un aborto espontáneo. Una mujer también puede elegir poner fin a un embarazo mediante un aborto inducido. Para esto existen dos métodos: el aborto quirúrgico y el aborto médico. En ambos métodos debe haber supervisión médica y la comprobación de un embarazo.

La Biblia nunca menciona específicamente el problema del aborto. Sin embargo, hay numerosas enseñanzas en la Escritura que hacen totalmente claro la visión de Dios sobre el aborto. Jeremías 1:5 nos dice que Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre materno. El Salmo 139:13-16 nos habla del papel activo de Dios en nuestra creación y formación en la matriz. Éxodo 21:22-25 prescribe el mismo castigo para alguien que cause la muerte de un bebé en el útero que para alguien que cometa un asesinato. Esto indica claramente que Dios considera a un bebé en la matriz del mismo modo que lo hace con un ser humano plenamente desarrollado como adulto. Para el cristiano, el aborto no es un asunto de elección de los derechos de la mujer. Es un asunto de la vida o la muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios. (Génesis 1:26-27; 9:6).

El primer argumento que se levanta siempre contra la posición cristiana sobre el aborto es, “¿Qué sucede en los casos de violación y/o incesto?” Tan horrendo como sería el quedar embarazada como resultado de una violación y/o incesto, ¿es el hacer asesinar a un bebé la respuesta? Dos errores no hacen un acierto. El niño que llega a ser el resultado de violación y/o incesto puede ser dado en adopción a una amorosa familia que no haya podido tener hijos propios – o el niño puede ser criado por su madre. Nuevamente, el bebé no debe ser castigado por los actos malvados de su padre.

El Papa Juan Pablo II, hizo la siguiente definición de Pecado social en la exhortación apostólica Reconciliación y penitencia de 1984: Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, o contra la integridad física de alguno (…) La Iglesia… sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales.

Derecho a la vida:El primer derecho que se menciona cuando se habla del aborto es el derecho a la vida; sin embargo, se requiere de un mínimo de precisión fáctica. ¿Derecho a la vida de quién/es? ¿En qué situación?

El derecho a la vida se encuentra previsto en nuestra Constitución Nacional a través de la inclusión de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y del art. 33.

En el caso particular del aborto, se trata del derecho a la vida de un feto. Pero, ¿un feto es una persona? En Argentina, el Código Civil considera que hay vida desde la concepción. Empero, se trata de una convención establecida por los legisladores: esto no es así, por ejemplo, en el Código Civil Español, cuyo artículo 29 establece que “[e]l nacimiento determina la personalidad”.

En el mismo sentido, nuestro Código Civil supedita los derechos de la persona por nacer al hecho de que nacieren con vida, concordantemente con la normativa española.

En lo que respecta a la muerte, por ejemplo, la inexistencia de funcionamiento de la masa encefálica (o en algunos casos, del cerebro) hace que no se considere viva a la persona en cuestión, pese a que otras células se encuentren con vida. De esta forma, resulta incoherente que la legislación nacional argentina entienda que, aún antes de nacer un ser biológicamente vivo pero sin funcionamiento de masa encefálica sea considerado persona y que, ya adulto, la misma situación se considere muerte cerebral. Es una incongruencia.

Otro derecho que siempre estará en pugna cuando se habla de aborto es el derecho a la autonomía personal, de la mujer embarazada. Se trata de un derecho humano que, como todos, se interrelaciona con el conjunto al que pertenece, específicamente, con el derecho a la dignidad, a la libertad de expresión, pensamiento y culto. También previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la autonomía personal se encuentra recogido en el artículo 19, y se refiere a la libertad de todas las personas de elegir su proyecto de vida, sin injerencias de ningún tipo, especialmente de aquellas provenientes por el Estado. La autonomía personal protege a los individuos de toda forma de selección de las personas como consecuencia de sus formas de vida, y garantiza el desarrollo y el respeto digno de todos.

Toda mujer tiene derecho a decir, entonces, sobre su vida, más aun cuando se trata de su propio cuerpo. Sí, el derecho a la vida del feto se contrapone con el derecho de toda mujer a decidir sobre su vida, sobre su proyecto de vida, y sobre su propio cuerpo. ¿Quiere, la mujer embarazada, tener un hijo? ¿Quiere soportar los cambios de su propio cuerpo? Es cierto, se dirá que la libre elección de la mujer estaría causando un daño al feto, y el daño a terceros es, justamente, el límite al derecho constitucional (también relativo) de la autonomía personal. Eso nos deja dos situaciones: la primera, cuando el feto no siente dolor; la segunda, cuando sí lo siente. Así, antes de formado el tubo neural, los fetos no sienten dolor, específicamente, no sienten nada, por no tener funcionamiento de la masa encefálica: en esta instancia, la presencia de un daño en un ser que no siente se torna por demás controvertida.

Tenemos que ser conscientes de la situación bajo examen: una mujer que no quiere tener un hijo, que está embarazada y que, si su derecho no prospera, deberá ver cómo su cuerpo se modifica por un hijo indeseado. Y luego deberá parir lo que no quiere para su vida. Y luego hacerse cargo de su hijo no deseado, ser madre. ¿Darlo en adopción? Eso también requiere hacerse cargo de su hijo, y tener la estigma de ser considerada la peor madre: dar un hijo en adopción con las posibilidades materiales de hacerse cargo, dejar lo que ha estado en las entrañas. O peor: no dejarlo y cargar con él, con toda la intención del verbo elegido.

Este derecho se relaciona con el derecho a la información, sobre el que se profundizará más adelante.

El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de las personas y al libre desarrollo de la personalidad (…) La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz, siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada, la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella.1

La vida digna y autorreferencial de una mujer no tiene menos valor que la vida de un feto.

Por otro lado, la información con la que cuente la mujer (como así tampoco los casos de abuso sexual derivados en embarazos no deseados) puede generar diferencia entre las posibilidades de aborto legal o criminalización del acto: generar una distinción entre los distintos casos de embarazos y correr de lugar la discusión planteada, se convierte en un eufemismo que deja de lado los mismos argumentos que utiliza para defender posición, ya que “pueden decir que todas las personas tienen derecho a la vida, pero que algunos tienen menos derecho a la vida que otros, es decir, que los que fueron concebidos en una violación”.

El aborto es una operación por demás intrusiva que nadie desea. Se trata de una situación dolorosa y temida, indeseada, pero no tanto como ese embarazo.

Y aquí es cuando se torna necesario tener presente otro derecho de igual jerarquía: el derecho a la salud.

La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como “un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, apartándose de una concepción meramente biologicista. En el caso que nos ocupa, tenemos que tener presente que toda mujer que reflexione acerca de la posibilidad de practicar un aborto, verá diezmado su derecho a la salud. Es que el aborto es una práctica intrusiva, que despierta temor, en un primer punto, por su mero desarrollo quirúrgico. Pero mayor relevancia requiere el hecho de tomar la decisión de no tener un hijo/a que ya se ha empezado a formar: la reflexión acerca de adoptar un camino u otro, generará, seguramente, en la mujer un estado psíquico que no es el de mayor bienestar.

Por su parte, deviene de trascendental importancia las consideraciones vertidas por el Comité Internacional de Derechos Humanos al respecto: “el derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica (…) incluido el acceso a la planificación de la familia3”. De esta forma, la necesidad de planificar la familia y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo se encuentran consagradas como una expresión del derecho a la salud.

Derecho a la educación. Derecho a la información: La información es una herramienta fundamental para todo tipo de decisión libre, y la información acerca de las posibles consecuencias de una relación sexual forma parte de la plenitud del derecho en cuestión. Asimismo, la información sobre las prácticas de aborto deben ser también exhaustas, para que las mujeres puedan tener real conciencia de la operación a la que podrían verse sometidas. Sin embargo, resulta contradictorio informar acerca de un acto prohibido: con la prohibición penal, la concientización acerca de los posibles riesgos y de la implicancia de la decisión se torna una ilusión.

En el mismo sentido se orientan las consideraciones acerca del derecho a la educación: la educación no puede ser parcial, y mucho menos ignorar una fuerte realidad. Más allá de que la primera educación tiene que ser la educación sexual para prevenir embarazos no deseados, la tipificación de la conducta se torna un obstáculo para una completa educación, ya que así como no se puede informar, tampoco se puede educar sobre lo prohibido.

Distintas voces se han alzado en contra de la legalización del aborto arguyendo la presunta información y educación con la que cuentan las mujeres. A tal argumento suele agregarse el lema a favor de la responsabilidad ulterior que tendrían que asumir las mujeres por los actos propios.

Tal argumentación no resulta acertada en cuanto a la coyuntura dentro de la cual se enmarca: ni la educación ni la información son derechos cuyo cumplimiento se ve garantizado en un cien por ciento por parte del Estado, y existe un alto porcentaje de personas que no llegará tener el conocimiento necesario para evitar un embarazo no deseado. Las abiertas oposiciones de la cúpula de la Iglesia Católica hacia la entrega gratuita de preservativos y al uso de anticonceptivos en general hacen que tanto la información como la educación se tornen derechos específicos de aquellos grupos que puedan acceder. Por definición, las leyes son generales, pues se dirigen a toda la sociedad, razón por la cual se torna imposible la distinción entre personas que “pudieran estar informadas acerca de” y personas que no. La interpretación por la cual la información y la educación pueden evitar la legalidad del aborto, es escueta y, por ende, errónea.

Sin embargo, resultaría hipócrita recurrir a quienes no tienen la suerte de acceder a una completa educación para echar por tierra el argumento en cuestión. Esto es así porque si bien una gran cantidad de abortos se da en el seno de familias con escasos recursos económicos, lo cierto es que otra gran cantidad se sucede en el seno de familias que sí cuentan con tal acceso, y que son acreedoras de una cantidad considerable de bienes económicos. La situación de embarazo no deseado se caracteriza por tener lugar en todo tipo de “clases sociales”. Porque, por más que una persona cuente con la información, llegado el momento de la relación sexual, existe un amplio porcentaje de posibilidades de que dejen de lado los requisitos de cuidado y que lleven adelante el acto. Es irresponsable, es cierto, pero la responsabilidad, en el derecho, es proporcional, y deviene sumamente desproporcionado el hecho de exigir a una mujer que desarrolle un embarazo, que vea modificarse su propio cuerpo, y engendrar un hijo, por tal acto, máxime cuando se encuentran en ponderación, también, los derechos humanos/ constitucionales anteriormente mencionados.

Derecho a la libertad de culto:Grandes oposiciones han llegado a sostener que el aborto atenta contra principios que emanan de la tradición y la religión. Puede llegar a recogerse que lo que se intenta proteger es la libertad de culto de las madres; empero, tal criterio deviene desacertado. El derecho en cuestión se trata, justamente, del derecho a la libertad de culto, y no a un culto en particular; justamente, la palabra clave aquí se trata de “libertad”. Ninguna mujer será obligada a abortar, no se trata de abortos compulsivos, sino de la libertad de elegir un aborto seguro. Así, toda mujer que profese un culto que se oponga a la operación, podrá optar continuar con tal profesión. Es que “en el estado actual de secularización de las instituciones civiles no hay duda de que los sentimientos religiosos de algunos no pueden ser una guía para delimitar los derechos constitucionales de otros”.

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