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CEOcracia y decretismo

CEOcracia y decretismo



Los primeros treinta días del gobierno de Cambiemos. Todo el poder a los gerentes. La “nueva derecha” y las viejas recetas. El peronismo fuera del Estado y en asamblea permanente. Y esto recién empieza.

A poco más de un mes de asumido el gobierno de Mauricio Macri, dos características se destacan sobre el conjunto de su orientación política: la conformación de una “CEOcracia” para la administración central y el gobierno por decreto como método privilegiado.

Macri armó un Gabinete integrado casi en su totalidad por gerentes de multinacionales, bancos y representantes de las patronales del campo.

Es un experimento inédito, no sólo en nuestro país, sino también en cierta medida en el mundo, con la excepción de los Estados Unidos (como lo destacó recientemente en un programa de TV la intelectual liberal Beatriz Sarlo). El ejemplo, no muy exitoso, del Chile de Sebastián Piñera puede tener puntos de contacto, como describió un analista en el diario Página 12.

Representa un gobierno con un personal político cien por ciento orgánico a la fracción más concentrada y monopolista de la clase dominante, con el concurso de representantes del capital financiero y de la burguesía (anti)nacional realmente existente: el agropower.

Además, cuenta con el respaldo de gran parte de la “corporación judicial” y del aparato empresario dominante en los medios de comunicación (Clarín, La Nación y su amplio sistema mediático).

El método de gobierno vía decretos simples o de necesidad y urgencia, responde a la adversa situación parlamentaria en la que se encuentra la coalición Cambiemos (es minoría en ambas cámaras). También busca mostrar “autoridad” política y aprovechar el reciente respaldo electoral para avanzar lo más rápidamente posible en su programa de gobierno.

Este programa tiene dos planos: uno económico y otro político, que en los inicios de su gestión está tomando la forma de una “contrabatalla cultural” con una embestida contra los símbolos más destacados del “viejo régimen”.

El programa económico quedó claro de entrada: una solución gerencial para la crisis argentina, todo el poder a los CEOs y su rígida imaginación guiada por la “razón neoliberal”, cierta “ética protestante” y un individualismo “de equipo”.

Los objetivos políticos apuntaron, en primer lugar, a neutralizar un eventual peligro que provenga del Tribunal Supremo de Justicia. Para evitarlo decretaron la conformación de una Corte adicta mediante el nombramiento “en comisión” de dos jueces (medida que tuvo que dejar en stand by por el amplio rechazo político que generó).

Avanzaron en liquidar las medidas e instituciones que caracterizaron a la administración anterior y que cuestionaban (más simbólica que realmente), el poder de algunas corporaciones. Intervinieron y disolvieron el AFSCA y la AFTIC, organismos controladores y aplicadores de las leyes de comunicación y luego, de hecho, las anularon. Así como “limpiaron” de un saque las voces críticas (ahora, antes oficialistas) del sistema de medios públicos.

Sobre el resto de la corporación mediática que había construido el gobierno saliente, la nueva administración simplemente dejó que actúen las “leyes del mercado”, con la plena conciencia de que sin los recursos de la pauta oficial era imposible sobrevivir (esto implicó desde el vaciamiento del Grupo 23, hasta el despido preventivo de Víctor Hugo Morales por parte de los empresarios que controlan Radio Continental).

En la misma sintonía se produjo el embate contra los trabajadores del Centro Cultural Néstor Kirchner.

La resolución -que también tiene origen en un decreto-, que impulsó las revisiones masivas en los contratos de los trabajadores del Estado fusiona objetivos económicos y políticos (después de todo la política es economía concentrada): naturalizar la idea de que todos los empleados públicos son “ñoquis” y comenzar a sembrar el miedo a la desocupación como arma disciplinadora para los reclamos salariales y de condiciones laborales del conjunto de los trabajadores. Esto, más allá de cómo termine la pulseada por los despidos y cuántas personas queden efectivamente cesanteadas.

En este punto, como en muchos otros, Macri aplicó una versión inversa y sui generis de un “vandorismo empresarial”: golpear y (después ver si da) para negociar.

Todas estas medidas se tomaron para dar cumplimiento al pacto electoral con el “núcleo duro” de su base social.

Sin embargo, el método del decretismo (sobre todo con el nombramiento de los jueces de la Corte) no estuvo exento de crisis, incluso con sectores que apoyaron electoralmente a la coalición Cambiemos y que se expresó en el descontento de algunos dirigentes radicales. Los decretazos significaron en sí mismos una ruptura de un aspecto del pacto electoral: el derrumbe de la promesa republicana.

Un “cisne negro”, aunque determinado por la estructura en descomposición de las fuerzas de seguridad del Estado, lo representó la crisis de los fugados. Más allá de que fueron capturados con vida (y el gobierno se arroga un éxito), dejó expuesta la gangrena que afecta a las Policías, independientemente del color de su uniforme y la jurisdicción de su territorio. La CEOcracia hizo agua frente a la industria de uniforme, socia íntima de la industria del delito.

No hay que olvidar que Macri obtuvo en las elecciones primarias de agosto un 24 % de los votos “en su propio nombre”, luego sumó poco más del 34 % en las generales de octubre cuando capitalizó los apoyos de los otros candidatos de Cambiemos y finalmente triunfó por escaso margen en el balotaje.

Con un ajuste en curso que no tiene para nada garantizado el “éxito”, la coalición de gobierno y sus alianzas mantienen un equilibrio precario que se sostiene por la “luna de miel” y porque todavía no se sienten abiertamente las consecuencias de las medidas tomadas, en un contexto en el que la relación de fuerzas no fue modificada cualitativamente.

La “CEOcracia”, el decretismo y las resoluciones efectivizadas hasta ahora están demostrando que la fisonomía de “nueva derecha” (“posneoliberal”) fue una característica que tuvo más que ver con la campaña electoral que con el gobierno efectivo que tomó las riendas del país el pasado 10 de diciembre. Macri puso en segundo plano sus principios para el proselitismo electoral, camuflados detrás de la larga y vacía charla motivacional, pero volvió a retomarlos cuando asumió el gobierno porque no tenía pensado “dejar sus convicciones en las puertas de la Casa Rosada”.

Continuidad y cambio

No se puede dejar de señalar que la avanzada económica y política de Macri encuentra una parte de su fundamento, además de la “luna de miel” de un reciente triunfo electoral, en los malestares convertidos ideológicamente en sentidos comunes y que se instalaron a partir de las brechas entre discurso y realidad de la gestión kirchnerista.

La sentencia que afirma que “en el Estado son todos ñoquis o que no sirve para nada” se sostiene – en parte-, sobre la realidad de que el semi-estatismo del gobierno anterior implicó que mientras se hablaba de las bondades del Estado, la mayoría de la población seguía sufriendo las consecuencias de los graves problemas estructurales (inundaciones, cortes de luz, Masacre de Once); en tanto los empresarios vivían de los subsidios públicos. Además, el nuevo gobierno puede avanzar sobre la revisión de contratos y despidos sobre el terreno fértil de la precarización laboral de la “herencia recibida”.

El avance sobre la llamada “Ley de Medios” y la restauración total del poder de mando de Clarín, se apoya en el hecho indiscutible de que bajo el discurso de la “democratización” de las voces, el kirchnerismo creó -con ayuda de la pauta oficial-, una corporación propia de la cual 678 era la expresión extrema y colorida. El poder esencial de los multimedios llamados “hegemónicos” no se modificó y esto lo reconocen hasta especialistas que apoyaron la Ley de Medios (que además destacan que sus aspectos más progresivos fueron los menos aplicados). La “grieta” fue una lucha de clases medias que hoy cambia de signo, pero no de naturaleza.

Otro ejemplo es la descomposición de las fuerzas de seguridad. La maldita Bonaerense creció al amparo de Daniel Scioli, el candidato del FpV. No muy distinta es la trayectoria de la Federal o de las policías provinciales, como se encargaron de demostrarlo los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci en su reciente tour por el conurbano sur y el litoral, convertido en un reality show transmitido por cadena nacional.

Sobre ese terreno barroso, Macri buscó superar la crisis que generó la fuga de los tres prófugos acusados por el triple crimen de General Rodríguez y deslindar sus responsabilidades sobre el balance del gobierno kirchnerista. Una operación que tiene iguales dosis de maniobra como de realidad.

Lo mismo sucede en la economía, con la inflación, la precarización laboral y un ajuste que ya había empezado. Por lo tanto, la avanzada del macrismo se produjo sobre el “legado” del gobierno anterior, que en buena medida, por su orientación política y económica abrió camino a la nueva vieja derecha.

Crisis en fuga

La crisis de los prófugos y lo que dejó de manifiesto le estallaron al macrismo en general y a Vidal en particular y abrieron un frente impensado, que ahora continúa con purgas en la Bonaerense.

Haber atrapado con vida a los hermanos Lanatta y a su socio de fuga (Schillaci), con papelones de por medio, le permitió zafar al Gobierno, que también dejó expuestas sus debilidades.

La crisis irrumpió en uno de los tres principales objetivos del nuevo relato macrista: “pobreza cero”, “terminar con el narcotráfico” y “unir a los argentinos”.

Como daño colateral, la fuga de película abrió una primera fisura con la administración “socialista” de Santa Fe a raíz de las presuntas responsabilidades por la información falsa divulgada que llevó a los groseros errores del macrismo. Y las purgas en curso, tienen tantas posibilidades de éxito como todas las anteriores. Las sombras azules marcaron la cancha al gobierno en el principal distrito del país.

El macrismo y el universo peronista

El peronismo, tomado de conjunto es la principal oposición al gobierno de Cambiemos. Dentro de ese espacio político, luego de una derrota histórica, hay una pelea por la hegemonía o una “crisis de dirección”. Todos saben que si se dividen abiertamente pueden garantizar el triunfo del macrismo en las elecciones de medio término de 2017, que son nada más que un puente hacia el 2019. Por eso, la partición del peronismo es la principal apuesta de Macri.

Dentro de ese movimiento/partido existen tres corrientes que se encuentran en un “empate catastrófico”: el kirchnerismo-cristinismo que mantiene una oposición discursiva más abierta al Gobierno (Daniel Scioli se mantiene como el ala dialoguista en ese lugar) y tiene cierta capacidad de movilización que se expresa en el movimiento de las plazas; los “renovadores” más proclives a la colaboración con el nuevo oficialismo; y los peronistas no kirchneristas (muchos de ellos con poder territorial) que oscilan entre ambas tendencias.

Hasta ahora, fue el espanto de las afrentas macristas lo que los ha mantenido unidos aunque desorganizados y en proceso de deliberación.

Un bloque mayoritario de diputados nacionales del FpV rechazó los decretos de nombramiento de los jueces de la Corte, así como manifestaron su defensa de la “Ley de Medios”, trabaron la designación de Pablo Tonelli para el Consejo de la Magistratura, entre otras disputas. En la provincia de Buenos Aires, boicotearon parcialmente la aprobación del presupuesto de María Eugenia Vidal, cuya resolución es inminente por presión del peronismo territorial (intendentes), que igualmente condicionó su apoyo: impusieron que parte del endeudamiento que se autorice en el presupuesto vaya a los municipios. El “bonapartismo fiscal”, tantas veces usufructuado por el kirchnerismo, ahora es una herramienta de Cambiemos que tiene en sus manos al Estado nacional y las dos principales administraciones del país.

No hay ninguna corriente que se imponga en esa unidad diversa del planeta peronista. A la reciente reunión de Juan Manuel Urtubey y Diego Bossio con Sergio Massa en Pinamar, se le respondió con otra de referentes del peronismo sciolista como Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Alejandro Granados (Ezeiza), quienes invitaron al tucumano Juan Manzur a una cena en el distrito de Granados. Por su parte, cierto sector del kirchnerismo empuja a la figura de Jorge Capitanich, en una competencia donde tanto Scioli como Cristina se mantienen en carrera.

Todo se produce en el marco de una disputa que se dirimirá en la elección de autoridades partidarias que deben realizarse en abril.

Macri tomó a Massa como interlocutor de una “oposición responsable”, y como alfil sobre el mundo peronista, pero su objetivo de quebrar al peronismo no lo tiene hoy asegurado ni mucho menos.

Es que esa posibilidad no reside en los “principios” de los referentes del partido fundado por Perón a mediados del siglo pasado, sino en las posibilidades de éxito del propio Macri que no están para nada garantizadas.

En ese marco, esta disputa constituye (consciente o inconscientemente) una división de tareas en el peronismo, donde unos despuntan como “renovadores” y otros cumplen la función obligada de “partido de la contención”, ante el malestar que genera y generará el ajuste macrista. El grueso del poder permanente del peronismo se mantiene expectante para practicar el deporte que mejor conoce: ir en auxilio del vencedor, cuando se aclare hacia donde corre el viento, el único “principio” gaseoso al que está prohibido contradecir.

Todos estos movimientos de “pequeña política” se dan en el marco de una situación inédita en las últimas décadas: el peronismo fuera del poder de los principales resortes del Estado (incluida la provincia de Buenos Aires)

Más allá de la “grieta”, la relación de fuerzas

Estas son las primeras escaramuzas de una “guerra” en la que todavía no se han librado las principales batallas (que son las que definen los cambios en la relación de fuerzas).

Macri tomó todas medidas a favor del capital, pero en el marco del receso (vacaciones) y de la inercia de la situación anterior, las consecuencias recién están empezando a sentirse.

La pelea porque la revisión de contratos estatales no termine de confirmar despidos masivos y la ronda de paritarias de este año, así como conflictos por despidos en empresas privadas (Cresta Roja) serán los test donde se pondrá a prueba la capacidad de resistencia de la clase trabajadora (y la capacidad de “maniobra” y retroceso del Gobierno).

María Eugenia Vidal había tomado la medida más “audaz”, además de impulsar los despidos: suspendió por decreto y por seis meses la paritaria de los municipales bonaerenses, resolución que tuvo que anular por el rechazo de los sindicatos.

En el conflicto todavía no resuelto de la empresa Cresta Roja y en La Plata llevaron adelante represiones (aunque Cristian Ritondo, en este último caso, salió a decir que él no había dado la orden y culpó a la Policía Bonaerense). Al inicio del Gobierno, se habló de un nuevo “protocolo” para la protesta social, pero aún no hay ninguna propuesta concreta.

El movimiento de las plazas que impulsa el kirchnerismo tiene una doble lectura: por un lado, desde el punto de vista de su “estrategia” para la resistencia es completamente impotente. Por el otro, su existencia es objetivamente parte de la relación de fuerzas. Sin confundir a sus dirigentes, la mayoría de ellos metidos en el pantano vidrioso de la rosca peronista, la presencia de una masa no despreciable del “progresismo” o de la centroizquierda con disposición a movilizarse es parte del escenario político y social.

La madre de todas las batallas para lograr una devaluación y ajuste “exitosos” (desde el punto de vista capitalista) es lograr bajar sensiblemente el valor del salario.

Para ese objetivo, Macri tiene una política clásicamente menemista hacia la burocracia sindical: nombró a Luis Scervino, un hombre del burócrata de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que controla los fondos de las obras sociales. Y prometió devolver parte de esos fondos (26 mil millones de pesos) que se les adeuda.

Pese a estos regalos que los reyes magos de la revolución de la alegría trajeron para la casta que ocupa los sindicatos, sus referentes no pueden dejar de pronunciarse oralmente contra el ajuste, en el marco de una recomposición de las fuerzas sociales. Amplias franjas de la clase trabajadora están perdiendo la ilusión de un avance gradual que alimentó el kirchnerismo, en base al crecimiento económico. Tanto los obreros sindicalizados, como muchos que fueron precarios pero lograron en algún momento el “privilegio” de ser explotados “de planta”, confiaron en “delegar” al gobierno de turno (y a sus dirigentes sindicales, por más vendidos que fueran) la “gestión” de sus necesidades. Ahora, comienzan a tomar conciencia de que deberán defender sus conquistas poniendo el cuerpo.

Los objetivos de cada uno son tan transparentes como la disposición de fuerzas. En ese escenario se dará la intervención de la izquierda clasista representada por el Frente de Izquierda que cerró un año de avances que son el hándicap para la nueva etapa.


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